El Puerto de Valencia está determinado a iniciar la ampliación de su vertiente norte y entiende que cuenta para ello con el aval del Gobierno. El Ministerio de Transición Ecológica remitió la pasada semana una carta a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para recordarle que la legislación obliga desde 2013 a revisar las evaluaciones ambientales de aquellos proyectos que han sufrido modificaciones desde el momento de su aprobación y que por su envergadura tienen una especial relevancia por sus posibles efectos sobre el medio ambiente.
La comunicación no implica ningún cambio en la situación dibujada tras la resolución de Puertos del Estado del pasado 9 de abril, en la que confirmaba que la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2007 está vigente y que la APV es el «órgano sustantivo» a quien corresponde determinar si solicita o no una nueva DIA, aunque ha generado interpretaciones muy diversas: la APV se siente reforzada por el mensaje del ministerio mientras Compromís y Podem la exhibían ayer como ariete contra la obra.
Según el ministerio de Teresa Ribera, la misiva remitida el jueves 15 destaca que «se aprecia que el proyecto (...) presenta modificaciones apreciables respecto del que obtuvo la declaración de impacto ambiental en 2007». En base a esto, recuerda a la APV que según la Ley de Evaluación Ambiental 21/2013 «deberán someterse a evaluación ambiental simplificada las modificaciones de proyectos ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, cuando puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente». Y enumera los seis supuestos que contempla la ley: aumento de emisiones, de vertidos, de generación de residuos, de utilización de recursos naturales, afección a espacios protegidos o del patrimonio cultural.
Según el Puerto de Valencia, la ampliación no provoca ninguno de estos supuestos y defiende que es precisamente lo que acredita la DIA de 2007, por lo que ayer confirmó a este diario su rechazo a elaborar otro estudio y que la ampliación sigue adelante según lo previsto. El presidente de la APV, Aurelio Martínez, insistió en que la carta les «da la razón» al fijar que es el órgano que él preside quien tiene la última palabra, aunque «hay quien lo interpreta de manera distinta», dijo en referencia velada a las críticas de Compromís y Podem.
Estos dos partidos solicitaron ayer la comparecencia del presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, en las Corts y cargaron contra la obra. Compromís dio un paso más y anunció que tratará de paralizar la ampliación por dos vías: presentando un recurso en los tribunales contra la que considera una «decisión unilateral» y con la presentación de una enmienda a la Ley de Cambio Climático en el Senado.
