El presidente del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, aseguró ayer que la entidad no tiene previsto solicitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el proceso de ampliación norte emprendido por el recinto del Grao, donde quiere instalar una terminal de mercancías de 136 hectáreas de superficie y con capacidad para albergar 5 millones de contenedores. Según Martínez, tanto el informe de Puertos del Estado (Ministerio de Fomento) como del Ministerio de Transición Ecológica no aprecian «variaciones apreciables» en el proyecto de construcción de la citada infraestructura.
«La evaluación ambiental de 2007 está vigente puesto que no se incurre en ningún supuesto para pedir una DIA simplificada, que tardaría más de tres años en resolverse», puntualizó Martínez. En ese sentido, indicó que lo que se pide en las citadas recomendaciones de los organismos del Gobierno central es que el dragado no sea vertido al litoral y que el material sobrante de demoliciones se use para relleno de estructuras del puerto. «Las recomendaciones del Ministerio de Transición Ecológica se atenderán», concretó el presidente de Valenciaport.
Cumplimiento de la ley
Según Martínez, TiL- MSC «sigue interesada» en la explotación de la nueva terminal, donde la compañía gestora de infraestructuras portuarias -controlada por la naviera MSC- prevé invertir unos 1.100 millones de euros. Las citadas cuestiones que Valenciaport acometerá en el proyecto de construcción de la nueva terminal están recogidas en una nota técnica del informe de Puertos del Estado sobre la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental. Y estas no parecen incurrir en los supuestos de evaluación ambiental, si bien recomienda que se acredite, tal como contempla el artículo 7.2 de la Ley de evaluación ambiental.
Respecto a la adjudicación, Martínez comentó que se incluirán «todas las recomendaciones» del Ministerio de Transportes. «Lo más razonable» es «realizar el proyecto» definitivo para remitirlo a Puertos del Estado y estimó que podría estar «para julio». Entonces arrancará el proceso de licitación. Francesc Sánchez, director general de la APV, comentó que para otorgar una concesión hay que ver antes los trámites medioambientales. En el proyecto constructivo definitivo habrá un anexo ambiental donde se acreditará todo lo que dice Puertos del Estado así como lo del Ministerio de Transición Ecológica. «Cuando se acredite eso estaremos en condiciones de tramitarlo y otorgar la concesión», puntualizó el directivo de la APV.
También el alcalde de València, Joan Ribó, a la sazón consejero de la APV, tomó la palabra tras el consejo para destacar que la moción municipal, aprobada por los grupos de Compromís y PSPV en el Cap i casal el pasado jueves, valora la realización de estudios ambientales sobre los asuntos que plantea: que el futuro puerto sea más sostenible e integrado en la ciudad, la descarbonización y la compensación por los daños en la costa. Además, Ribó comentó que de la corporación local no depende que alguna asociación recurra la decisión del puerto de no realizar una nueva evaluación de la ampliación. En su opinión, «se tienen que hacer bien las cosas para que avance» el proyecto.
Ribó insistió en declaraciones a la prensa que se debería hacer un estudio ambiental para conocer el incremento de la movilidad a causa de la ampliación, la cantidad de materiales sólidos que se necesitarán y los efectos sobre el paisaje de las playas del Cabanyal y la Malva-rosa. «No se puede dar por válida la Declaración de Impacto Ambiental de 2007 porque el proyecto de ampliación del puerto se ha modificado de forma sustancial», agregó. En parecidos términos, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, al concluir el pleno del Consell, pidió estudiar «a fondo» la ampliación norte y advirtió de que «puede dejar un impacto muy negativo». Compromís y Podemos, socios del PSPV en el Govern del Botànic, recurrirán ante los tribunales «la insostenible ampliación» del recinto del Grao.
Quien ya lo ha hecho ha sido la plataforma ciudadana ‘Comissió Ciutat-Port’. Ayer, su portavoz, el abogado Antonio Montiel, anunció que ha presentado ya un primer recurso de alzada ante la Secretaría de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica contra la resolución que posibilita que Puertos del Estado «se ponga de perfil» y la Autoridad Portuaria pueda decidir sobre si es necesaria o no una nueva evaluación ambiental del proyecto que la misma APV promueve, a la que califica de «nula de pleno derecho» y dictada en fraude de ley.
