En la enconada pelea por la ampliación y la construcción de una nueva terminal de contenedores en el Puerto de València, la entidad presidida por Aurelio Martínez acaba de recibir un nuevo respaldo tras el brindado por el Gobierno central y los socialistas en la Generalitat frente a la oposición de Compromís, Unides Podem -los otros dos socios en el Consell-, el ayuntamiento de València y asociaciones ciudadanas y ecologistas. Se trata de la Comisión Europea, que asegura, en respuesta a la denuncia presentada en el año 2020 por la consultora con sede en Madrid HBA Partners, que «no ha podido identificar, en esta fase, ningún indicio de posible infracción de la legislación medioambiental de la UE aplicable en el caso que se ha puesto en conocimiento de la Comisión de Peticiones».
Se trata, esta última, de un órgano del Parlamento Europeo que protege a los ciudadanos de la Unión de eventuales abusos de las administraciones públicas y que traslada sus denuncias al Ejecutivo de Bruselas para que dé respuestas, como ha sucedido en este caso, según informaron a este diario fuentes próximas a la eurodiputada socialista valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero. En un documentado informe de más de 350 páginas, el peticionario alegó «una serie de infracciones de la legislación medioambiental de la UE en relación con la ejecución del proyecto de ampliación del Puerto de València» y pedía «a la Comisión de Peticiones que contribuya a evitar los efectos medioambientales potencialmente nocivos del proyecto en su forma actual». La ampliación ha sido adjudicada a la naviera MSC, que prevé invertir 1.100 millones, y el Gobierno ha avalado la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007 para que pueda aplicarse en esta ocasión. Los contrarios al proyecto lo que piden es, precisamente, que se haga una nueva DIA. La última palabra la tiene la Autoridad Portuaria de València, que ha decidido seguir adelante.
El informe de la Comisión Europea sostiene en primer lugar que la Directiva marco sobre la estrategia marina «exige que cada Estado miembro realice una evaluación inicial de sus respectivas aguas marinas con el fin de conocer mejor su estado medioambiental y las presiones e impactos de las actividades humanas en ellas». La CE «observa que la Directiva no prevé la obligación de evaluar proyectos o actividades específicos realizados en el medio marino. Por consiguiente, no es posible establecer ninguna infracción de las disposiciones de la Directiva marco en relación con los hechos» denunciados.
El documento añade que, «de la información presentada por el peticionario se desprende que el proyecto de ampliación del puerto de València fue objeto de una DIA, que incluyó un análisis adecuado de los posibles efectos» sobre el hábitat. Además, la DIA de 2007 «descartó la posibilidad de efectos adversos significativos para la conservación de los lugares en cuestión». Asimismo, afirma que «dado que tampoco se han concedido los permisos pertinentes para la realización de las actividades contempladas en la modificación del proyecto, es demasiado pronto en el procedimiento para que la Comisión se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de las autoridades españolas de las obligaciones» derivadas de la Directiva.
Finalmente, insta al peticionario a resolver la cuestión en los tribunales españoles «si considera» que sus «solicitudes de información mediambiental han sido ignoradas, rechazadas sin fundamento o respondidas de forma inadecuada».
