El presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, lo tiene claro. «Es necesario que el Puerto de València complete su ampliación», afirmó ayer el máximo responsable de este organismo dependiente del Gobierno central en plena batalla de fuego cruzado entre la Autoridad Portuaria de València (APV) y Compromís y Podemos, los dos socios del PSPV en el Govern del Botànic que reclaman la paralización del proyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores en el recinto del Grao.
Toledo participó en el coloquio organizado por Propeller Valencia, asociación de empresarios y directivos logísticos, al que asistió el presidente de la APV, Aurelio Martínez, así como grandes patronos como Vicente Boluda o el presidente de la naviera MSC, Francisco Lorente. El máximo responsable de Puertos del Estado comentó que la ampliación de Valenciaport es un «ejemplo» en la estrategia de modernización que debe acometer el sistema portuario español. «El Puerto de València -puntualizó Toledo- está en una encrucijada importante, ya que las actividades de tránsito de contenedores corren el riesgo de perderse como ya ha ocurrido en otros puertos. Si el Puerto de València no está en la ola máxima de eficiencia y competitividad se parará», agregó el dirigente del organismo dependiente del Ministerio de Transportes.
Al mismo tiempo que Toledo se reunía con la plana mayor de Valenciaport y constataba su firme apoyo al plan de construcción de la nueva infraestructura, en la que la naviera MSC prevé invertir 1.100 millones de euros, la consellera de Agricultura y Emergencia Climática, Mireia Mollà, respondía por escrito al presidente de la APV que las medidas cautelares aprobadas con motivo de la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de l’Albufera «impiden las obras de ampliación mientras dure la citada actualización».
Suspensión cautelar: 3 años
Según Mollà, los términos de las medidas cautelares establecen la «prohibición de realizar actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica o hayan de dificultar o imposibilitar la consecución de los objetivos de la declaración de espacio natural protegido», a tenor de lo establecido en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos.
El escrito, remitido asimismo a todos los miembros del consejo de administración de la APV, sostiene que «cualquier actuación que contravenga esta norma -en referencia a las medidas cautelares recogidas en el acuerdo del Consell de 18 de diciembre de 2020- se hace a sabiendas de su injusticia haciendo personal y directamente responsable de ella».
Además, la carta recuerda que la actualización del Plan de Ordenación tiene por objeto la ampliación zonal cuyo alcance no se conocerá hasta que no concluya el procedimiento de revisión, con una duración máxima de tres años.
