Las recientes visitas a València de la ministra de Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, así como del presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, organismo tutelado por el también ministro socialista José Luis Ábalos (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) han vuelto a abrir la caja de los truenos en el proceso de adjudicación del proyecto de construcción y de gestión de la futura terminal de contenedores que la Autoridad Portuaria de València (APV) quiere dejar en manos de la naviera MSC. Al mismo tiempo que producen esas visitas, se acentúa la división interna entre los socios del Consell del Botànic.
Así, mientras avanza el proceso de adjudicación del gigantesco muelle ganado al mar, que la APV quiere resolver este verano, tanto el Ministerio de Transición Ecológica como el de Transportes se han puesto de perfil al reiterar que la decisión de si la ampliación del emplazamiento del Grao necesita o no una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) para sustituir a la actual, que es del año 2007, corresponde a la propia APV. Compromís y Unidas Podemos, así como colectivos vecinales y ecologistas, exigen otra evaluación ambiental y paralizar el proceso de adjudicación.
El consejo de administración de Valenciaport tenía previsto reunirse ayer pero ha trasladado el encuentro al mes junio a la espera de resolver trámites burocráticos y concluir nuevos informes que prepara la entidad presidida por Aurelio Martínez para poder adjudicar la infraestructura a la compañía TiL-MSC. Esta multinacional gestora de emplazamientos marítimos prevé invertir unos 1.100 millones de euros en una terminal automatizada que tendrá 136 hectáreas de superficie y podrá albergar 5 millones de contenedores. La actual capacidad de los muelles de todo el puerto es de 7 millones.
Con todo, sobre la mesa del máximo órgano de gobierno de la APV figura la petición de suspender el proceso de ampliación formulada por la consellera de Agricultura, Mireia Mollà. La dirigente de Compromís justifica esa decisión en las «medidas cautelares» recogidas en un acuerdo del Consell -del pasado 18 de diciembre de 2020- con motivo de la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de l’Albufera. Además, el escrito de Mollà, remitido asimismo a todos los miembros del consejo de administración, deja así constancia de que «cualquier actuación que contravenga esta norma -en referencia a las citadas medidas cautelares del Consell- se hace a sabiendas de su injusticia haciendo personal y directamente responsable de ella». Y recuerda que la actualización del plan de ordenación de los espacios naturales de l’Albufera tiene por objeto la ampliación zonal cuyo alcance no se conocerá hasta que concluya el procedimiento de revisión, cuya duración máxima es de tres años.
Divergencias
Sin embargo, el presidente del puerto califica de «aventurado» atribuir la regresión de las playas del sur a la ampliación, cuyo dique de abrigo se terminó en 2012. Y niega que la construcción de la nueva terminal en la zona norte del recinto vaya a afectar a l’Albufera.
Mientras la consellera Mollà realizaba estas observaciones, el presidente de Puertos del Estado participó en una reunión de empresarios organizada por Propeller València, asociación de directivos y empresarios del sector de la logística. En ese encuentro, Toledo defendió, sin ambages, el proyecto de la terminal norte. En su opinión, «necesita la ampliación» y es un «ejemplo» en la estrategia de modernización que debe acometer el sistema portuario español.
Quienes guardan distancia son el ministro Ábalos y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. No así el alcalde Joan Ribó, quien ha apretado su agenda durante estas últimas semanas para reunirse con diversos colectivos afectados por la ampliación.
Ayer lo hacía con la Federación de Asociaciones de Vecinos de València, quienes rechazan el proyecto por el impacto ambiental para los poblados marítimos y los pueblos del sur, «el aumento de tráfico marítimo y terrestre», así como «por la amenaza que supone para las playas del sur y l’Albufera», aseguran sus portavoces María José Broseta y Julio Moltó.
Ribó, que es consejero de Valenciaport, resta importancia a la resolución de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea en la que avala el proyecto de ampliación norte del puerto. Con todo, sí ha sorprendido afirmando que «la Declaración de Impacto Ambiental es lo de menos» y prefiere ahora centrar sus reivindicaciones en mejorar las condiciones de la obra para evitar agresiones al litoral, el impacto sobre el paisaje y garantizar la movilidad sostenible en la ciudad, así como conservar el empleo de estibadores.
Planes de TiL-MSC
Lo que no parece alterar los conflictos entre administraciones públicas y la Autoridad Portuaria de València es el objetivo de expansión de la naviera MSC en el recinto del Grao. Según el presidente de MSC España, Francisco Lorente, el proyecto «sigue adelante». La gestora de terminales de contenedores controlada por la naviera líder en Valenciaport quiere tener operativa la instalación durante el año 2026.
