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El Consell salva la ley que acelera el despliegue de la energía renovable

La Generalitat modifica la norma para evitar que el Gobierno la recurra ante el Constitucional

Parque eólico en El Toro. | M.C.L.

Parque eólico en El Toro. | M.C.L.

La Generalitat ha conseguido salvar la ley autonómica que acelera el despliegue de los parques de energía renovable en la Comunitat Valenciana. El Consell ha accedido a modificar parte de la normativa para evitar que el Gobierno la recurra ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo de Pedro Sánchez amenazó con acudir a los jueces por una supuesta invasión de competencias estatales (como ya ha hecho el Estado con otras normas valencianas). La Administración central había mostrado sus discrepancias sobre varios apartados de doce artículos y una disposición transitoria del decreto de ley del Consell. La patronal de empresas de energías renovables (Avaesen) celebró ayer el acuerdo.

El decreto ley autonómico con medidas para acelerar la implantación de plantas fotovoltaicas y eólicas en la Comunitat Valenciana fue elaborado conjuntamente por las consellerias de Economía Sostenible, Medio Ambiente y Política Territorial y entró en vigor en agosto. La Conselleria de Economía Sostenible explicó que el Estado ha obligado a modificar algún artículo. «Lo vamos a hacer. Han cuestionado la competencia. El problema es que es una regulación que el Gobierno no había aprobado en ocho años. Ahora sí lo han hecho y estamos de acuerdo con la regulación estatal», precisó la directora general de Industria y Energía, Empar Martínez Bonafé. «Hemos empujado al Estado a sacar la regulación después de ocho años y hemos salvado la mayor parte de los artículos cuestionados», añadió.

La Generalitat se ha comprometido a promover una iniciativa legislativa para aclarar que la competencia para regular la obligación y transparencia de la información relevante sobre la capacidad de las redes de distribución de energía eléctrica en la Comunitat Valenciana corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La ley autonómica frena los megaproyectos fotovoltaicos en los pueblos del interior enclavados en zonas protegidas para preservar el medio ambiente. La normativa también ha acortado la burocracia para agilizar el despliegue de las plantas como pedían los promotores.

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