El Gobierno regula (por fin) las redes eléctricas cerradas para la gran industria. Es decir, la posibilidad de que todas las industrias de un polígono estén interconectadas entre sí y puedan, de esta forma, optimizar su consumo eléctrico. Un eterno reclamo del polígono petroquímico de Tarragona que se estima podría reducir un 30% los costes, y que es una realidad desde hace años en países como Alemania, Bélgica u Holanda, lo que limita su competitividad.
A finales de 2018, en el Real Decreto-Ley de que anunciaba la creación del Estatuto Electrointensivo se introducía la figura de 'redes eléctricas cerradas' y se daba un plazo de seis meses para elaborar el reglamento. Un año después, el ministerio para la Transición Ecológica publica este jueves el borrador del nuevo real decreto en consulta pública hasta el 1 de julio con la esperanza de aprobar la medida en Consejo de Ministros "como muy tarde en el último trimestre". Las redes serán autorizadas por la dirección general de Política Energética y Minas, previo informe de la CNMC.
El texto establece la definición de qué se entiende por red cerrada, esto es, que esté vinculada a procesos industriales relacionados entre sí de forma que el 75% de la energía que consuman o el 50% del número de clientes tengan procesos conexos. Es decir, no podrá ser objeto de una red cerrada un polígono industrial que realice actividades variopintas, sino que se limita a polos industriales como el de Tarragona o el de Huelva. Las empresas deben acreditar que tienen la misma división de grupo de códigos CNAE.
Con un alcance geográfico limitado a 5 kilómetros, el texto permite incluir además a un máximo de 100 clientes no industriales que presten servicios conexos (restaurante u hotel del polígono, por ejemplo) o incluso personas que vivan en poblados industriales.
Se regula la facturación de la energía, de forma que el titular de la red será el encargado de pagar los peajes y cargos, mientras la energía la pagará cada consumidor.
No podrá haber redes cerradas conectadas entre sí o en cascada, pero sí se permite que los consumidores puedan estar conectados a la red de transporte o a la red de distribución. Además, el reglamento regula derechos y obligaciones como que el titular de la red (la sociedad mercantil o cooperativa que se forme) debe cumplir como todas las obligaciones de una empresa de distribución excepto algunas como tener un sistema de registro de calidad o plataformas de gestión de permisos de acceso y conexión.
Ventajas
El presidente de la patronal química Feique, Carlos Navarro, aseguraba ayer en la presentación de los resultados del sector, que limitó su reducción de ingresos en 2019 a un 0,8% y espera un incremento en 2021 del 7,1%, que las redes cerradas son una necesidad "para atraer competitividad e inversiones" y esperaba su pronta puesta en marcha. "Cualquier nuevo inversor tiene que pagar su propia conexión a la red, esto es muy caro, en cambio conectarse directamente a una red ya existente agiliza y reduce los precios", aseguró Navarro. Esa es una de las principales ventajas, la facilidad de conexión, al ser una red propia, pero también la seguridad industrial y el abaratamiento del precio de la energía.
Los consumidores se ahorrarán la parte correspondiente del recibo a la retribución de la red (porque pasa a ser instalación propia y, por tanto, el titular de la red no tendrá una retribución sino que su coste y mantenimiento deberá ser sufragado por sus socios) y los peajes (porque los polígonos se conectarán a un nivel superior de tensión que tiene peajes menores). En el primer caso esto supone un ahorro para el sistema, pero en el segundo (peajes más bajos) supone lo contrario, por tanto, fuentes del ministerio aseguran que una de las condiciones para crear una red propia deberá estar vinculada "a un incremento de la demanda, capacidad y consumo eléctrico" para evitar efectos perniciosos para el resto de consumidores.
