El visto bueno dado ayer por los ministros de Agricultura de la Unión Europea a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), pactada con el Parlamento Europeo la semana pasada y que entrará en vigor en 2023, no satisface a priori los intereses del sector primario de la Comunitat Valenciana. Esa es la impresión de los dirigentes de la Unió de Llauradors y AVA-Asaja, quienes consideran que la nueva PAC «pone en jaque» a la agricultura mediterránea al dejar en el aire las ayudas directas a cultivos como las frutas y hortalizas mientras que el 35 % de los fondos de Bruselas están vinculados a prácticas ambientales y agricultura ecológica.
Las dos grandes novedades son la introducción de un nuevo modelo de gestión, basado en los planes estratégicos nacionales que tendrán que presentar los Gobiernos antes de que acabe el año para su posterior aprobación por el Ejecutivo comunitario, y los llamados ‘ecoesquemas’ (de los que dependerá el 25 % de las ayudas). Se trata de nuevos regímenes ecológicos que buscan incentivar a los ganaderos y agricultores a adoptar prácticas beneficiosas para el medio ambiente que vayan más allá de las exigencias obligatorias para poder recibir ayudas de la PAC.
Mientras el ministro de Agricultura, Luis Planas, confiaba ayer en que el «gran acuerdo» alcanzado en la UE para la reforma de la PAC se traduzca «en las próximas semanas» en un pacto a nivel nacional entre el Gobierno y las comunidades autónomas, la organización liderada por Cristóbal Aguado sostiene que «con un presupuesto similar da una nueva vuelta de tuerca introduciendo más exigencias en materia agronómica, medioambiental y laboral». Y «no garantiza una rentabilidad digna para los agricultores», indica Aguado.
Por su parte, la entidad a la que pertenece Carles Peris recuerda que la PAC ya era, antes del acuerdo, «la política europea que más contribución presupuestaria hace al objetivo climático». Además, critica la inclusión de la «condicionalidad social» en la PAC de forma obligatoria a partir de 2025, «pues solo aportará más complejidad burocrática al sistema», según Peris.
La dotación de la PAC supone un tercio del presupuesto comunitario para el periodo entre 2021 y 2027 y asciende a unos 380.000 millones de euros. A España le corresponden unos 47.000 millones de euros, de los cuales unos 37.000 se enmarcan en el primer pilar (pagos directos) y casi 8.000 millones en el segundo (desarrollo rural).
