El Ministerio de Consumo tendrá capacidad sancionadora contra los fraudes e incumplimientos masivos de grandes empresas, según anunció ayer el titular del ramo, Alberto Garzón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado luz verde al trámite del anteproyecto de Ley del Ministerio de Consumo que actualizará la normativa de defensa de los consumidores.

Garzón puso como ejemplo el caso del ‘dieselgate’ que dejó a 11 millones de usuarios de automóviles afectados en todo el mundo y que tuvieron que ser sancionados por países, pero en el caso de España se carecía del «instrumento para hacerlo», según explicó. Entre otras cuestiones, serán sancionables por el Estado los incumplimientos o trasgresiones de los requisitos para evitar contaminaciones o conductas nocivas que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública, así como a alteración y adulteración de la composición y calidad de los bienes y servicios.

Las sanciones son de hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio ilícito, en el caso de infracciones cometidas únicamente en España, y de hasta el 4% del volumen de negocio anual de la empresa que haya cometido el fraude, en el caso de la competencia europea. Se tendrá en cuenta la capacidad económica del responsable, el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, el carácter continuado de la infracción, el número de consumidores afectados o el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido.