El fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) creado para el rescate de empresas estratégicas lleva meses casi paralizado. Dotado con 10.000 millones, apenas ha concedido unos 1.000 millones, frente a unas peticiones que, como mínimo, llegan a los 4.000 millones, especialmente del sector hotelero, uno de los más afectados por la pandemia. Pero no son los únicos, la siderúrgica Celsa, de la familia Rubiralta, lleva meses pendiente de un balón de oxígeno que podría alcanzar los 700 millones y que no acaba de llegar.

Lo cierto es que desde que estalló la polémica por la concesión de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra, cuyo segundo tramo del rescate fue paralizado ayer por un juez, parece que todo está congelado. De hecho, tras varios meses, la única ayuda aprobada esta semana en Consejo de Ministros ha sido a Tubos Reunidos, por importe de 112,8 millones de euros. La encargada de gestionar este fondo es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Tras el apoyo concedido a Plus Ultra, la aerolínea que la oposición vincula a la Venezuela chavista, algo que la compañía niega, el ritmo de las ayudas ha caído en picado.

El mecanismo de rescate, creado hace un año para salvar a compañías consideradas estratégicas de los estragos causados por la pandemia, ha beneficiado hasta ahora a Air Europa (475 millones), operación que facilitó la compra por parte de Iberia. A esta le siguieron Ávoris (para acelerar la fusión de las divisiones de viajes de Barceló y Globalia, con 320 millones), Duro Felguera (120 millones) y, Plus Ultra Líneas Aéreas, a las que se ha sumado ahora Tubos Reunidos.

La lista de espera de de compañías es larga y es dispar. Plus Ultra, con unas ventas que no llegan a 100 millones, ya la recibió, mientras que Celsa Group, la mayor siderúrgica de España, con una facturación de más de 4.000 millones, y pendiente de hasta 700 millones de este fondo, sigue en la sala de espera. Lo mismo sucede con la valenciana Air Nostrum.

Cinco días para justificarse

El juez ha ordenado ahora suspender la entrega de 34 millones de euros que forman parte del segundo tramo del rescate de la aerolínea, que debe justificar que los necesita para pagar a los proveedores. Esta cantidad se debía desembolsar el 28 de julio.

En concreto, ha sido la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, quien en un auto señala que el «desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento» judicial. La jueza da de plazo hasta cinco días para remitir dicha información.

La instructora entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto, arriesgándose a «una entrega no justificada», supondría «un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior». Por eso, entiende que «la teoría general de las medidas cautelares en el ámbito de delitos contra el patrimonio en un sentido amplio de peligro o urgencia de su necesidad, peligro en la mora y el ‘fumus bonis iuris’ son aquí de aplicación, teniendo siempre un carácter provisional», recoge el auto.

Air Nostrum sigue a la espera más de tres meses después

Una de las compañías afectadas por el atasco en la SEPI es la valencianaAir Nostrum. La aerolínea sigue sin noticias del fondo público desde que el pasado 16 de abril solicitara un rescate por valor de 103 millones de euros a devolver en siete años después de registrar pérdidas por 129 millones durante 2020 por los efectos de la pandemia. De hecho, llevaba desde 2013, tras la crisis financiera, sin cerrar un ejercicio en rojo. Según recoge la SEPI en sus condiciones, el plazo para responder son seis meses y, en ausencia de respuesta, se dará por rechazada la petición.