El Tribunal de Cuentas ha acordado el embargo de 49 locales del sindicato UGT, de los que dos inmuebles forman parte de la estructura de la federación industrial de UGT-PV en la provincia de València, según confirmaron ayer a este diario fuentes de la central ugetista. Los bienes fueron ofrecidos por la central sindical como fianza de los 9,74 millones de euros que el órgano reclama a la organización de trabajadores por el expediente abierto sobre el caso de los ERE de Andalucía. El sindicato, según adelantó ayer El País, ha recurrido el expediente ante la Sala de Justicia del propio Tribunal de Cuentas.
El embargo, que funciona como una medida cautelar, estará en vigor hasta que haya sentencia firme, recuerdan desde UGT-PV. También aseguran que se trata de actuaciones o diligencias previas y que todavía no ha habido juicio ni sentencia a este respecto, destaca la central ugetista.
El organismo fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de fondos públicos dictó el pasado de 15 de julio un acta de liquidación por la que exige a UGT la suma de 9.745.882 euros por su presunta responsabilidad contable en las irregularidades de las ayudas públicas que conforman el caso de los ERE.
