El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) se ha situado para el sábado en 114,63 euros megavatio hora (MWh), su primera bajada después de marcar cinco récords consecutivos.

De esta forma, el precio de la luz se abaratará el sábado en un 2,3% frente al que se paga este viernes, fijado en este mismo mercado en 117,29 euros, según datos del operador del mercado ibérico OMIE.

En comparación interanual, el precio del pool, que se utiliza de referencia en España para calcular la tarifa regulada que se paga en unos 10 millones de hogares, es casi cuatro veces superior a los 31,55 euros/MWh que costaba en el segundo sábado de agosto de 2020.

Por franjas horarias, el precio del pool, en el que se cruza la oferta de los productores con la demanda prevista por Red Eléctrica, oscilará entre los 130 euros/MWh que costará entre las 22:00 y las 23:00 horas y los 89,14 euros que se pagarán entre las 16:00 y las 17:00 de la tarde.

Detrás de estos elevados precios, que afectan a toda Europa, están el encarecimiento del gas, que lo usan los ciclos combinados y marca el precio del pool en la mayoría de las horas; el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, el incremento de la demanda por la recuperación económica y las altas temperaturas.

Así, en Alemania el megavatio hora se pagará el sábado a 63,37 euros, en Francia a 70,07 euros, en Reino Unido a 101,80 libras (120 euros), en Italia a 115,41 euros y en Portugal al mismo precio que en España dado que comparten mercado, según los datos de los operadores de los respectivos países, recogidos por EFE.

En España, el precio mayorista de la luz tiene un peso en torno al 24% en la factura de la luz de los cerca de 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

Los consumidores que contratan su suministro en el mercado libre, que son unos 17 millones, pagan por el kilovatio hora los precios que pactan por contrato con las comercializadoras, por lo que no se ven afectados por las oscilaciones del pool.

Para amortiguar con carácter inmediato el impacto en la factura del alza del pool, el Gobierno ha rebajado hasta finales de año el IVA que grava el recibo eléctrico del 21 al 10% y ha suspendido durante el tercer trimestre el impuesto a la generación eléctrica (7%) que pagan las productoras.

España pide soluciones

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso y portavoz adjunto del socio de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha lamentado que mientras en otros países "nadie se rasga las vestiduras por tener una compañía eléctrica pública", en España hay que afrontar "los prejuicios, intoxicaciones y mentiras de la derecha y del entorno empresarial al que se debe".

Santiago se refería a la propuesta que hizo ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para crear una compañía eléctrica pública que aglutine las concesiones eléctricas una vez expire su plazo de concesión, como ha planteado en alguna ocasión Unidas Podemos. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Mario Garcés, ha considerado esta propuesta "una claudicación definitiva" del PSOE ante Podemos.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha exigido al Gobierno que apruebe un real decreto ley en el que se controlen los precios de la energía para evitar que los consumidores particulares y los autónomos paguen "facturas abusivas fruto del chantaje del oligopolio eléctrico al Gobierno de España".

El Grupo Ciudadanos ha presentado una iniciativa parlamentaria para que se apruebe un Bono Social Eléctrico Pleno que afronte el impacto de la subida de la luz y que busque, entre otras cosas, ampliar los límites de renta que permiten acogerse al bono social eléctrico existente para proteger a un mayor número de familias.

Asimismo, esta iniciativa propone reducir los trámites y simplificar los requisitos para garantizar que ninguna persona que lo necesite se quede sin esta ayuda. así como elevar al 30% el descuento básico en la factura de la luz y hasta al 50% el que se aplica a los consumidores vulnerables severos.