El Gobierno abría la puerta por primera vez el pasado jueves a crear una empresa pública para gestionar las concesiones hidroeléctricas, después de una semana de récords diarios en el precio de la electricidad. Una medida a «medio y largo plazo», según dijo el viernes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que podría servir para tener un mayor dominio sobre los precios según vayan caducando las licencias. Las primeras que lo harán en los próximos diez años suman 720 megavatios instalados, frente a los 20.000 megavatios de potencia hidráulica que hay, y pertenecen en un 90 % a las tres grandes eléctricas, Iberdrola, Naturgy y Endesa, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
El agua es, detrás de los caros ciclos combinados, la segunda fuente de energía por potencia instalada en España. Hay 1.300 centrales hidroeléctricas (mil son minicentrales con menos de 10 megavatios), aunque no todas son concesiones públicas. Pero no hay un listado oficial de estas licencias y el Gobierno tampoco facilita los datos de todas, aunque sí una relación de las que finalizan su contrato en la próxima década. Son 28, a las que todavía hay que sumar dos centenares de minicentrales hidroeléctricas más, según reveló la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
La mayoría son concesiones otorgadas en la primera mitad del siglo XX por un periodo que solía ser de 75 años, aunque muchas han sido prorrogadas. « Aznar prorrogó las concesiones mucho más allá de lo que nadie pensó que fuera razonable», denunció Ribera. Las primeras en vencer lo harán este año (Quinta Cauxa y Villar del Rey), aunque hay algunas que ya han terminado su plazo y son gestionadas por la confederación hidroeléctrica pertinente. Las más grandes en finalizar su concesión, ambas de Iberdrola, lo harán en 2024 y 2028. El Gobierno reconoce que esos contratos «no tienen nada que ver con las condiciones de hoy de agua disponible, potencial de almacenamiento con bombeo».
La idea de que el Estado gestione las hidráulicas no disgusta al resto del sector eléctrico, aunque no tiene por qué hacerse a través de una nueva empresa pública. «La cuestión es que la explotación de estas centrales la lleve a cabo una empresa que reporte el beneficio para el sistema eléctrico y no para ella misma. Y ya hay una empresa que puede hacer esto, se llama Red Eléctrica», explica el perto en energía Francisco Valverde. Según este planteamiento, la empresa semipública REE podría ser la encargada de gestionar las centrales hidraúlicas y el Estado podría licitar el mantenimiento a una empresa externa.
