La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) informó ayer de que ha sancionado con 61,28 millones de euros a 12 empresas por coordinar sus ofertas para lograr contratos con el Estado. En concreto, las sanciones se aplican por «una infracción constitutiva de cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018», en lo que el organismo considera como infracción «muy grave». La sanción también incluye la prohibición a todas ellas de contratar con el sector público, dentro de una resolución que aún no es firme pues contra ella cabe presentar recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses.

Las empresas sancionadas por formar parte de este cártel son Acciona Mantenimiento, Aceinsa, Alvac, API Movilidad, S.A. y solidariamente su matriz ACS, Audeca y solidariamente su matriz Elecnor, Copasa, Elsamex, Elsan , y solidariamente su matriz Obrascón Huarte Laín, S.A. (OHL), Ferroser y solidariamente su matriz Ferrovial, Innovia, Matinsa) y solidariamente su matriz Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Sacyr Conservación.

La CNMC ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque se han detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, lo cual supone el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio. El funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones «para tomar café» donde las empresas que formaban parte del mismo establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar.