El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley con un primer bloque para la reforma de las pensiones que incluye la revalorización automática de las prestaciones de acuerdo con la inflación media del ejercicio anterior y medidas para acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad legal de jubilación.
El proyecto de ley es fruto del acuerdo alcanzado con los agentes sociales a finales de junio, ha recibido el visto bueno del Consejo Económico y Social (CES) y ahora será enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria con el objetivo de que las medidas sean efectivas a partir del 1 de enero próximo. A pesar de las reticencias sobre el proyecto de ley expresadas por ERC, PNV y EH Bildu, que podrían poner en peligro la aprobación de la reforma, la ministra portavoz Isabel Rodríguez, confió en que la tramitación sí saldrá adelante. «Es un proyecto avalado por el diálogo social y eso debería ser tenido en cuenta por los grupos políticos», dijo Rodríguez en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Ministros tras la pausa estival.
Claves de la reforma
La nueva norma prevé que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la cuantía de las pensiones quedará inalterada.
Respecto a la jubilación anticipada, los coeficientes reductores se aplicarán sobre la cuantía de la pensión (no, sobre la base reguladora) y se penalizará más que ahora el adelanto dos años antes de la edad legal o en los tres meses previos (para el resto de los casos, se reducen los coeficientes)
Además, para lograr acercar la edad real de jubilación a la legal (66 años, en la actualidad) el proyecto de ley dispone un sistema de incentivos para demorar el retiro: ya sea con un porcentaje adicional del 4% cada año o con un cheque anual de hasta 12.000 euros. Además se prohíbe en los convenios la jubilación forzosa antes de los 68 años.
Para que las cotizaciones dejen de financiar gastos no contributivos («impropios»), los Presupuestos inyectarán 22.000 millones a la Seguridad Social en 2022.
Como novedad, el proyecto de ley aprobado ayer extiende a los pensionistas de las clases pasivas las medidas generales sobre revalorización de las prestaciones de acuerdo con el IPC, así como el sistema de incentivos para la jubilación demorada. Esta modificación beneficiará a los alrededor de 671.000 jubilados procedentes del sector público estatal o militares con una nómina total de 1.220 millones de euros al mes para el conjunto de todos ellos.
