El presidente del GovernPere Aragonès, exigió este viernes "explicaciones y la rectificación" del proyecto de Aena de afectar el espacio natural protegido de La Ricarda con la ampliación de la tercera pista del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. La presentación ayer ante la Comisión de Coordinación Aeroportuaria de Catalunya del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) en el que se plasma el proyecto con el presupuesto y las tarifas causó un terremoto político y tesis algo divergentes en el seno del Govern. Aragonès aseguró mediante un tuit que el documento "no refleja el consenso establecido en el seno del Govern"."Exigimos explicaciones y la rectificación de un DORA que daña la zona protegida de la Ricarda. Cada paso que se haga debe incluir el compromiso de consenso. Preservar los espacios naturales no es una opción, es una obligación no negociable". 

En otros ámbitos del Govern se mantiene una posición más prudente, confiando en que en el futuro se logrará una solución consensuada que pueda evitar en todo en en parte la afectación de La Ricarda. Aena presentó este viernes oficialmente el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat extendiendo la tercera pista hacia el Este, lo que supondría afecar la laguna de La Ricarda, espacio natural protegido por la red europea 2000. El proyecto presentado ante el comité de coordinación que integran el Govern, ayuntamientos y otras partes implicadas, supone un paso más en el proceso administrativo del proyecto iniciativa del gestor portuario y el Gobierno, que fue aceptado el pasado 2 de agosto por el Govern de la Generalitat. El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que Aena ha presentado ante la Comisión de Coordinación Aeroportuaria de Catalunya es un documento presupuestario en el que se justifica el plan de ingresos, gastos e inversiones previstas para alcanzar el objetivo de incrementar la capacidad del aeropuerto hasta 90 operaciones por hora. En el plan se permitiría incrementar el número de viajeros de 53 millones al año a 70 millones.

"La ampliación del campo de vuelos, y concretamente de la pista 07R/25L y sus rodaduras asociadas hacia el este, manteniendo el umbral para aterrizajes en la ubicación actual, afectaría a zonas de la Red Natura 2000, por lo que es precisa también la inclusión de las actuaciones correspondientes a las medidas compensatorias y de los terrenos que fuera necesario adquirir a tal fin, en las inversiones 2022-2026", indica el documento, que está previsto que se apruebe en el Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre. Una de las novedades sutiles del proyecto presentado oficialmente es que no se especifica el grado de afectación del espacio natural, algo que deberá negociarse y justificarse durante todo el proceso con las partes afectadas.

Propuestas complementarias 

El Govern de Pere Aragonès pone globalmente condiciones a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y confía en que el proyecto final aprobado por Bruselas sea fruto de un amplio consenso institucional. El DORA es un documento que presupuesta el proyecto y se encarga de fijar las tarifas aeroportuarias y que, para hacerlo, necesita tener en cuenta variables como el volumen de pasajeros o las inversiones previstas. El proyecto final depende del plan director, un documento que ha de pasar los filtros de la Generalitat, del Estado y de la Comisión Europea. Tiene el Govern derecho de veto si el proyecto final no se ajusta a sus exigencias.

Las objeciones principales del Govern al proyecto presentado por Aena son que la ampliación de la pista sea de 500 metros de longitud. Un estudio independiente debería justificar exactamente que ampliación es necesaria para incrementar la operatividad del aeropuerto. El Govern quiere que el plan para el Aeropuerto de Barcelona esté acompañado por inversiones importantes para los aeropuertos de Reus y de Girona (como destino final de viajeros), para lo que será necesario invertir en la red ferroviaria de alta velocidad. Y la tercera exigencia, y quizá la más importante, es que cualquier ampliación del Aeropuerto de Barcelona sirva para situarlo como hub internacional, no para incrementar el número de viajeros que llegan a la ciudad, y que sea posible, por ejemplo, duplicar el número de vuelos intercontinentales. 

La misma Aena se ha mostrado favorable a buscar las alternativas necesarias para llevar a cabo la mejora de la operativa aeroportuaria "poniendo por delante incluso las reformas medioambientales necesarias" y priorizándolas en el tiempo. 

El plan presentado cumple el calendario previsto. Tras la aprobación del Consejo de Ministros, con cambios o no, una comisión de seguimiento con representación de los ayuntamientos, grupos ecologistas y el Govern deberá buscar alternativas al plan. Esa negociación podría prolongarse durante los próximos cuatro años y el nuevo aeropuerto difícilmente estará operativo antes del 2030. En la práctica, se espera que tras la aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez se ponga en marcha un estudio medioambiental independiente y de análisis operativo de la infraestructura que permita reducir el impacto en La Ricarda, que en los primeros proyectos requería la prolongación de la pista de despegue en 500 metros de espacio protegido. Fuentes del Govern catalán confían en que existe un amplio margen de negociación para limitar la afectación de manera relevante.

La Terminal 1 y la Terminal Satélite

El documento del DORA fija la planificación estratégica y las inversiones de la compañía para el periodo 2022-2026 y en el Aeropuerto de Barcelona y apuesta por su desarrollo a través de dos proyectos vinculados: la ampliación y remodelación de la Terminal 1 y la nueva Terminal Satélite, y la ampliación del campo de vuelos mediante el alargamiento de la tercera pista.

La inversión global es de más de 1.700 millones de euros. Para el próximo lustro, la inversión prevista de Aena en El Prat es de 364,96 millones de euros, con 108,47 millones para la remodelación de la T1 y la nueva Terminal Satélite y 92,06 millones para el concepto 'Ampliación campo de vuelo', relacionado con el alargamiento de la tercera pista.

Aunque planifica que esté operativa en 2029, Aena reconoce que la ampliación de la tercera pista afectando los espacios naturales protegidos "está condicionada a tener la cobertura necesaria que posibilite su ejecución materializada en un nuevo Plan Director, cuyo proceso de tramitación se prevé largo por su dependencia de varias administraciones y sus organismos competentes, incluyendo la Comisión Europea". En la Administración catalana entienden que no tiene sentido boicotear la comisión de seguimiento del plan, ya que será el único instrumento para consensuar una salida que defienda los intereses de las poblaciones vecinas, el medioambiente y el desarrollo de la infraestructura como un futuro hub internacional. Esta comisión de seguimiento deberá redactar el plan director final con obligaciones y compensaciones definidas para Aena. Al final de esos cuatro años, la declaración medioambiental requerirá el apoyo del Gobierno, del Govern y de la UE.

El pasado julio, la Comisión Europea (CE) advirtió a España de que una eventual ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat no debe "afectar de forma significativa" al Delta del Llobregat, perteneciente a la red europea Natura 2000. Y hace apenas unos días, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró que la ampliación del aeropuerto del Prat "no saldrá adelante" si no cumple "todas las garantías medioambientales".