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Reforma pendiente

Los becarios deberán cotizar por sus prácticas no pagadas desde este curso

El Gobierno se comprometió a tener listo antes de acabar septiembre el reglamento para incluir a los estudiantes en prácticas no remuneradas en el régimen de la Seguridad Social

Jóvenes en formación en un taller de Barcelona.

Jóvenes en formación en un taller de Barcelona.

Todos los estudiantes en prácticas deberán cotizar por ellas desde este mismo curso, tanto los que realicen prácticas remuneradas -que ya lo hacen- como no remuneradas -que actualmente no-. El Gobierno se comprometió a finales de junio con la patronal y los sindicatos a tener listo antes de acabar septiembre el reglamento que hiciera obligatorio para empresas o universidades pagar las cotizaciones de sus becarios. Con el objetivo de incluir a cerca de medio millón de estudiantes en el régimen de la Seguridad Social y que vayan llenando la hucha para futuras bajas, paros o su pensión. 

No obstante, fuentes del ministerio que encabeza José Luís Escrivá reconocen que todavía no tienen lista esta medida, con el curso académico a la vuelta de la esquina. Sí trasladan que “se está trabajando en ello para que se haga en breve”. Desde los sindicatos lo asumen como una prioridad que pretenden abordar en la primera reunión de la mesa de pensiones tras el verano, prevista para este lunes. Y las patronales por un lado rechazan la medida, en tanto que les supondrá asumir unos muy leves costes adicionales, y a su vez critican la “inseguridad jurídica” que la entrada en vigor de dicho reglamente ya con el curso empezado les ocasionará. 

“En el plazo máximo de tres meses se procederá al desarrollo reglamentario previsto en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, de modo que se garantice que la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria, determine la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado”. Así queda recogido en el acuerdo político firmado entre Gobierno, patronal y sindicatos a finales de junio; en el marco de la reforma en pensiones.  

Compromiso heredado

Dicho punto viene a desplegar y hacer cumplir una normativa heredada del anterior Gobierno monocolor del PSOE, con Magdalena Valerio como ministra de Trabajo y Seguridad Social y Octavio Granado como secretario de Estado de esta segundo departamento. Que, no obstante y dado el adelanto electoral, no se ha llegado a aplicar. En su día esta medida ya despertó el rechazo, sobre todo, de las universidades; que ellas mismas son grandes ‘empleadoras’ de estudiantes en prácticas. 

El Ejecutivo asegura que la nueva normativa estará lista "en breve" y los empresarios critican la inseguridad jurídica que ello les genera

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Entonces el cálculo que estimaban desde Trabajo sería que los responsables (ya fuere universidad o empresa privada) deberían pagar 51 euros mensuales por un estudiante en prácticas no remuneradas (las remuneradas ya incluían de antes cotización). Y que el volumen de estudiantes que estaban en dicha casuística era de unos 540.000. El nuevo acuerdo planteado por Escrivá añade una cláusula final por la que la Seguridad Social se compromete a aplicar una reducción del 75%; así que partiendo de esa cifra de 51 euros, el monto a pagar hipotéticamente se quedaría en 12,5 euros. 

Las patronales lo critican

Que empiece el curso académico y este reglamento no esté en vigor afecta directamente a todo alumno que tuviera que hacer sus prácticas desde ya. En este perfil encajan más los alumnos de Formación Profesional (FP), que habitualmente cursan prácticas durante todo el año, que no las becas curriculares de los estudiantes universitarios, que se espera que sean las más afectadas y suelen concentrarse en el último cuatrimestre.

“Si cambian las reglas del juego es probable que tenga un impacto. Hay un riesgo que la oferta de empresas que estén dispuestas a acoger a alumnos en prácticas queden limitada”, apunta la directora del área de trabajo de Pimec, Sílvia Miró. “De siempre ha costado que las empresas se animen, sobre todo las más pequeñas, porque implica un coste de gestión. Y la covid no ha ayudado”, añade. “No ayuda a generar seguridad jurídica”, coincide el presidente de la comisión de formación de Foment del Treball, Manuel Rosillo

Opinión diametralmente opuesta a la que expresan desde el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). “Decir que una reforma así limitará la oferta de prácticas no se sustenta y solo pretende que los propios estudiantes se opongan ante el miedo de no encontrar prácticas. Puede haber casos, pero lo que es seguro es que mejora las condiciones de todos los jóvenes. Si una empresa no coge a un estudiante en prácticas por ese pequeño coste lo que demuestra es que no pretende formarlo, sino aprovecharse de mano de obra barata”, apunta la miembro del secretariado del CNJC Júlia Rosanna

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