Las empresas eléctricas amenazaron ayer al Gobierno con el «cierre desordenado» del parque nuclear español tras el plan aprobado por el consejo de ministros para abaratar el recibo de la luz con el recorte de sus beneficios. A través del Foro de la Industria Nuclear Española (un organismo que integra a las eléctricas, las centrales nucleares y otras empresas del sector), las compañías plantearon el apagón de las plantas de las que son propietarias porque aseguran que el plan presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez las hace económicamente inviables. La patronal nuclear aseguró que de haberlo sabido las empresas nunca habrían pedido la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares. Las plantas pertenecen a Iberdrola,Endesa, Naturgy y EDP.

Foro de la Industria Nuclear Española expresó su rechazo al proyecto de ley sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico (en el que el Gobierno lleva meses trabajando) y al Real Decreto-Ley aprobado en el consejo de ministros ayer para reducir el precio de la luz.

Según Foro Nuclear, el proyecto de ley del CO2, que persigue minorar los beneficios de centrales eléctricas hidráulicas, nucleares y eólicas de antes de 2003 para rebajar la factura de la luz, en los términos en los que está planteado, unido a la «excesiva presión fiscal» que sufre el sector, hará imposible que las centrales nucleares españolas sigan funcionando.

El Gobierno aprobó ayer una norma que obliga a las eléctricas a devolver los beneficios extraordinarios que están obteniendo en el mercado eléctrico mayorista (pool) como consecuencia de los altos precios internacionales del gas, y que con los precios actuales sumarán unos 2.600 millones de euros. Esta medida se aplicará hasta el 31 de marzo de 2022 en plantas nucleares, hidráulicas y renovables con una capacidad instalada superior a 10 megavatios (MW) siempre que el precio del megavatio hora en el mercado del gas español (Migbas) sea de 20 euros o menos.

Para el presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, Ignacio Araluce, «el cese anticipado de la tecnología de generación que más electricidad produce en España y que más emisiones de gases de efecto invernadero evita conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista. Impediría igualmente el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de CO2».

La patronal incidió en que los «excesivos impuestos» y el impacto del proyecto de ley de CO2 unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones a realizar hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035 (en un entorno de precios por debajo de 50 euros el megavatio hora desde al año 2024 por la masiva entrada de energías renovables) le conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad.