El Tribunal Supremo ha rebajado la condena impuesta por la Audiencia Nacional al exconsejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, por administración desleal en una de las causas abiertas por su gestión del banco, en este caso relativa a varias macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad a algunos empresarios valencianos. El Supremo entiende que no se justificaron adecuadamente las penas. Asimismo, establece que la indemnización corresponde al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y no a CaixaBank, como decidió la Audiencia Nacional. El fondo público tuvo que poner el dinero para sanear el banco tras su intervención y el segundo se lo adjudicó por un euro.
El alto tribunal rebaja la pena de Parra, a 3 años y 8 meses de prisión, por delito continuado de administración desleal, mientras que la Audiencia Nacional, en su sentencia de abril de 2019, le había condenado a cuatro años. En el caso de los otros tres, sin embargo, el Supremo les eleva el tiempo de cárcel. Al exdirector de Empresas Participadas del banco Alfonso Monferrer le corresponde un año y medio de prisión, cuando antes se había quedado en seis meses, y a los empresarios Salvador Vila Soria y Juan Bautista Soler Luján, un año, un mes y 15 días, frente a los cuatro meses del Supremo. Los tres son condenados como cooperadores necesarios.
Indemnizaciones
El Supremo sí ratifica lo acordado por la Audiencia Nacional en lo que respecta a la cuantía de las indemnizaciones civiles que deben pagar los acusados, 168 millones de euros para Parra y Monferrer, que deberán satisfacer de forma conjunta y solidaria; 119 millones en el caso de Vila, y 130 millones en el de Soler.
La causa se originó con una querella interpuesta en 2013 por el FROB, que alegaba que la conducta de los directivos de la entidad le había ocasionado un perjuicio de 160,5 millones de euros.
Las macrooperaciones que Parra llevó a cabo fueron realizadas sin seguir los protocolos establecidos por el Banco de Valencia y sin seguir las recomendaciones que había hecho el Banco de España. No se analizaron debidamente y con un mínimo rigor las inversiones, que dejaron un perjuicio patrimonial en las distintas macrooperaciones de 90,4, 77,8 y 29,8 millones de euros.
