La negociación presupuestaria entre los dos socios de gobierno, PSOE y Podemos, está en un momento de tensa calma, aunque las reuniones continúan. Los socialistas han decidido restar presión a unas conversaciones que se prevén complejas y, en contra de lo previsto hace unos días, ahora admiten que el borrador presupuestario puede no estar listo hasta la primera quincena de octubre, sin descartar tener que aprobarlo en un Consejo de Ministros extraordinario. Los morados, por su lado, no disimulan su preocupación por la falta de avances, dicen, después de haber insistido en que quieren un gesto inmediato en lo que atañe al impuesto de sociedades y un compromiso sobre la ley de vivienda. Además, según han confirmado a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, desde ambas partes de la mesa negociadora, la exigencia de un ‘cheque-bebé’ universal se ha colado como otra línea roja en la agenda de trabajo.
La delegación de Podemos, representada por Nacho Álvarez, el secretario de Estado de Derechos Sociales y Josep Vendrell, jefe de gabinete de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha defendido ante la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y su jefe de gabinete, Carlos Moreno, que necesitan 400 millones presupuestados para el 2022 a fin de que todas las mujeres que den a luz en España, y no solo las que estén activas en el mercado laboral, tengan derecho a una prestación por hijo. Actualmente esta prestación se disfruta por parte de madres trabajadoras durante los tres primeros años de vida del bebé, en forma de deducción fiscal anual o con un ingreso de 100 euros al mes.
La propuesta del ‘cheque-bebé’ universal o prestación por crianza estará recogida en el proyecto de ley sobre diversidad familiar y apoyo a las familias que, en cuestión de semanas, pretende someter a la aprobación del Ejecutivo la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 –además de líder de Podemos-, Ione Belarra, antes de emprender trámite parlamentario. En este contexto los morados consideran imprescindible tener atada en las cuentas públicas la financiación que, según sus cálculos, es necesaria para hacer viable esa parte de la norma.
Alquileres y sociedades
El principal escollo en la negociación entre los socios de gobierno sigue siendo, en todo caso, la regulación del precio del alquiler a través de una nueva ley de vivienda. PSOE y Podemos llevan intentando alcanzar un acuerdo desde principios de legislatura y no lo logran, puesto que los morados no transigen por fórmulas alternativas distintas a las de topar, directamente, los alquileres para terminar con lo que tachan de abusos continuados, especialmente en las grandes urbes.
El cambio de titular en el ministerio del ramo, que ahora dirige Raquel Sánchez en sustitución de José Luis Ábalos, no parece haber favorecido el acercamiento. Al menos, por el momento. De hecho Podemos ha decidido sumarse a un grupo de entidades sociales y de grupos parlamentarios distintos al PSOE (ERC, Más Pais, Bildu, Junts, CUP, Compromís, BNG y Nueva Canarias) que este jueves se concentran frente al Congreso para explicar, ante la prensa, los detalles de una propuesta de ley de garantía de derecho a la vivienda que se va a registrar en el Parlamento.
Para los morados esta es la vía que tienen de presionar a su socio ante una cuestión que consideran vital, achacando a los socialistas haberse acomodado en unas políticas y propuestas de vivienda más conservadoras de lo acordado en el pacto que dio origen al Gobierno de coalición. El PSOE, por su lado, se muestra dispuesto a aceptar más medidas sobre alquileres de las habladas hasta el momento, pero sin ceder en la regulación de precios.
Tampoco se ha cerrado definitivamente el acuerdo para la introducción de una tasa mínima del 15% en el impuesto de sociedades ya en 2022, a pesar de que este asunto se abre paso en la negociación presupuestaria entre ambos socios del Gobierno. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha admitido que ve "razonable" plasmar este tipo efectivo del 15% en los próximos Presupuestos ya que, desde su punto de vista esta medida no supone un "cambio significativo" del sistema fiscal español que debiera esperar a las conclusiones que el grupo de expertos para la reforma tributaria prevé presentar en febrero, según explicó en una entrevista en El País. En realidad, fue el propio presidente Pedro Sánchez, durante su reciente viaje a Nueva York, quien dejó la puerta abierta al 15% en los Presupuestos de 2022, después de haberlo descartado en el mes de julio. De hecho, el Gobierno de coalición entre socialistas y morado ya incorporó en el fallido proyecto de Presupuestos para 2019 (que no salvó el trámite parlamentario) la introducción de un tipo mínimo del 15% para sociedades con una facturación superior a 20 millones o para los grupos.
