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El coste de los fletes marítimos y la falta de suministros frenan el crecimiento de Valenciaport

Martínez atribuye la campaña en Europa contra la terminal norte del recinto del Grao, pendiente aún de licitar, a un bufete de abogados de Madrid y cuya «financiación» se desconoce

El coste de los fletes marítimos y la falta de suministros frenan el crecimiento de Valenciaport

El coste de los fletes marítimos y la falta de suministros frenan el crecimiento de Valenciaport

La escalada de precios de los fletes marítimos como consecuencia de la reestructuración de las navieras y la falta de suministros que sufren las industrias de medio mundo comienzan a pasar factura al recinto del Grao. El presidente de la Autoridad Portuaria de València, Aurelio Martínez, reconoció ayer, al término de la reunión del consejo de administración, que no será fácil registrar los aumentos de actividad tal como viene ocurriendo desde el fin del confinamiento en este último trimestre de 2021.

Martínez prevé «altibajos» y que el tráfico de contenedores mejore alrededor de un 5,5 % en 2021 respecto al año anterior. El máximo dirigente de la APV advierte de que el alza del precio de los fletes, que «han tocado techo», y la falta de materiales -eso afecta de lleno a factorías del automóvil como Ford Almussafes- «ralentizará» el crecimiento del Puerto. De hecho, durante el pasado mes de agosto el aumento de contenedores llenos se situó en el 5%, cuando hasta la fecha rondaba el 25 %. Las importaciones y exportaciones siguen creciendo, si bien el transbordo está cayendo un 14 %, según los datos de agosto. «Cerámica, alimentación y productos químicos tiran del comercio exterior de Valenciaport», apuntó Martínez.

En línea con la evolución de otros grandes emplazamientos del Mediterráneo como Barcelona, los contenedores que han pasado por Valenciaport desde enero hasta el 31 de agosto han ascendido a 3.754.168, un 7,93% más frente a los datos de 2020 y un 1,3% más que en 2019. Mientras, los contenedores dedicados a las ventas al exterior crecieron un 20,27% en 2021 respecto al acumulado de 2020 y una 12,6% respecto al tiempo anterior a la pandemia.

A vueltas con la ampliación

Más allá de las cifras, la APV ultima la redacción del pliego de condiciones para licitar la nueva terminal y revisa al mismo tiempo el anteproyecto constructivo de esta obra de grandes dimensiones y de la que los socios del Govern de Botànic Compromís y Podemos exigen otra Declaración de Impacto Ambiental (DIA). A continuación remitirá el informe a Puertos del Estado (Ministerio de Transportes), que deberá dar luz verde.

«Los plazos se eternizan», reconoció Martínez, quien todavía confía en licitar la construcción de la megaterminal a final de este año. El consejo de Valenciaport debe otorgar la explotación de esta infraestructura a la multinacional TiL-MSC, que espera invertir unos 1.100 millones de euros en un muelle de 136 hectáreas de superficie ganada al mar y con capacidad para gestionar 5 millones de contenedores anuales.

Martínez, un mes después de asistir a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para analizar la legalidad de la ampliación del Puerto de Valencia, comentó que esta petición de comparecencia ante la cámara legislativa de Bruselas «de particular no tenía nada». Como se recordará, el Europarlamento ratificó que la proyectada infraestructura del recinto del Grao se «ajusta a derecho».

El presidente de la APV eludió especular sobre su finalidad. Comentó que la persona que intervino en la comisión de peticiones, el abogado Javier Silveira Fernández, lo hizo como persona jurídica. Es responsable del bufete HBA Partners Public Affairs, un despacho con sede en Madrid y en Bruselas. «No sabemos quién financia este lobby», puntualizó Martínez.

Respecto a la nueva terminal de pasajeros, el máximo responsable de la APV afirmó que prepara toda la documentación que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción en el marco de su investigación sobre el rescate de la concesión de Boluda Corporación Martíma y de unos terrenos a cambio de los cuales se le compensaron con otros.

El consejo de administración de la APV decidió el pasado mes de junio incoar un procedimiento de «lesividad» para que Puertos del Estado y el Tribunal Superior de Justicia diriman sobre el procedimiento de rescate llevado a cabo por el organismo que preside Aurelio Martínez ante la concesión que ocupa Boluda Corporación Marítima en los antiguos astilleros de Unión Naval València (valorada en unos 5 millones de euros) y donde está previsto construir la nueva terminal de buques de transporte de pasajeros de líneas regulares y de cruceros del recinto del Grao.

Martínez garantizó que dará a Fiscalía «todas las facilidades» para llevar a cabo esta investigación penal, que «no ha sido a consecuencia de la intervención del fiscal» ya que la intervención de Fiscalía «ha sido posterior».

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