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Negociación

La última oferta de Podemos al PSOE en alquileres: rebajas más laxas y solo para grandes propietarios

Belarra aparca parte de sus exigencias para buscar un acuerdo con sus socios que permita aprobar la ley de vivienda | Los socialistas se mantienen en su propuesta de ofrecer incentivos fiscales y congelar los precios de los inmuebles

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. David Castro

La regulación de los alquileres se le ha atascado al Gobierno de coalición. Socialistas y morados van a cumplir ya un año intentando alcanzar un acuerdo que no termina de llegar y cuya falta empieza a torpedear el buen funcionamiento del Ejecutivo y a retrasar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. La disputa, el obligar o no a los propietarios a rebajar los precios de alquiler de los inmuebles en zonas tensionadas, bloquea desde hace meses cualquier posible pacto. Félix Bolaños, por parte del PSOE, y Ione Belarra, en representación de los morados, llevan días intentando desencallar la situación. En estos encuentros, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos ha puesto sobre la mesa una última propuesta, según ha sabido El Periódico de Cataluña, rebajando sus exigencias iniciales: bajadas de los precios más laxas y solo para los que tengan más de 10 inmuebles. Bolaños tampoco lo ha aceptado. Al menos, por el momento.

¿Cuál es la letra pequeña de la nueva propuesta de Unidas Podemos?

El planteamiento de máximos de Unidas Podemos siempre ha sido que, en aquellas zonas en las que el alquiler esté disparado, los propietarios tengan que bajar el precio al renovar o hacer un nuevo contrato hasta la cifra recogida en un índice elaborado por el Ministerio de Vivienda. Los socialistas se han negado en redondo, en todas las ocasiones, a aceptar este modelo que, a su entender, perjudica a las clases medias.

Intentando supeditar la tramitación presupuestaria a sus exigencias para rebajar los precios del alquiler en España, objetivo irrenunciable para los morados, Belarra ha tratado en los últimos días de acercar posiciones con el PSOE y ha levantado el pie del acelerador. La nueva propuesta, que presentó recientemente a Bolaños, afecta solo a los grandes tenedores de viviendas. Los morados quieren que estos propietarios —dueños de más de una decena de pisos— bajen los precios, pero aceptando que pueda ser menos de lo establecido en aunque no tiene por qué ser hasta el índice que marca Vivienda. Según fuentes cercanas a la negociación, han planteado que tengan que reducir entre un 25% y un 30% de la diferencia entre el precio por el que se está alquilando un piso y el estipulado por el Gobierno en un índice creado como guía para los arrendadores.

Fuentes de Unidas Podemos explican que esta rebaja de sus exigencias busca facilitar el acuerdo para sacar adelante la ley de vivienda y dar su visto bueno al proyecto Presupuestos Generales del Estado para 2022. Además, aseguran que si el PSOE la aceptara, después sería más fácil diseñar otro acuerdo sobre cómo actuar frente a los pequeños propietarios.

Un caso hipotético

Un gran tenedor de vivienda que alquile un piso por 2.000 euros en una zona tensionada deberá consultar los índices elaborados por el Ministerio de Vivienda. Si, por ejemplo, este índice marcara un máximo de 1.500 euros por una vivienda de esas características, el dueño debería rebajar el precio a esta cantidad al hacer un nuevo contrato, según la propuesta inicial de Unidas Podemos. Con el nuevo planteamiento, esa bajada no tendría por qué ser de 500 euros, sino de entre un 25% o un 30% de esa cantidad que separa el precio inicial del precio tasado por el Gobierno. Así, debería disminuir entre 125 euros o 150 euros, hasta situarlo en 1.875 1.850 euros, en lugar de los 2.000 iniciales.

Con esta iniciativa los morados se garantizarían, si fuera aceptada, el poder defender que han logrado rebajar por ley el precio del alquiler. No obstante, una parte de su electorado y determinados colectivos podrían verse defraudados por la rebaja de exigencias.

¿Qué planteamiento defiende el PSOE?

El PSOE ha construido sus propuestas sobre dos ideas: ofrecer incentivos fiscales y topar los precios. En concreto, el ala socialista del Gobierno, primero a través de José Luis Ábalos y después de Raquel Sánchez, han apostado por que, en las zonas con mercados tensionados, los propietarios no podrían subir los precios durante tres años. Es decir, durante este periodo, los propietarios no podrían alquilar los inmuebles por una cuantía superior a la del anterior contrato que hubieran firmado.

Además, mantienen su planteamiento de ofrecer incentivos fiscales a los dueños de pisos que rebajen los precios. Con Ábalos a los mandos del Ministerio de Transportes, los socialistas propusieron rebajar del 60% al 50% la actual deducción general por alquiler de vivienda y a partir de este nuevo porcentaje establecer el siguiente sistema de bonificaciones adicionales: una bonificación extra del 40% si reduce un 10% el precio de un inmueble situado en una zona tensionada; una deducción del 10% si alquila la vivienda a un precio limitado por una norma jurídica o recientemente habilitada; un desgravación del 70% si los arrendatarios son jóvenes de entre 18 y 35 años o un plus de bonificación del 20% si el inmueble se incorpora al mercado de vivienda en alquiler habitual. Ninguna de estas medidas satisface a los morados, que insisten en que los precios deben del alquiler deben bajar por ley.

¿Qué firmaron Sánchez e Iglesias?

A finales de octubre de 2020, Unidas Podemos amenazó con no apoyar las cuentas públicas si estas no recogían una reforma de los alquileres y los socialistas terminaron aceptando parte de sus exigencias. Al día siguiente, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaron los Presupuestos y un acuerdo adicional para impulsar una ley de vivienda que recogiera la posibilidad de bajar los precios de los alquileres.

"Se establecerán mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes", reza el texto que Sánchez e Iglesias rubricaron en el octubre pasado. Estos mecanismos, se comprometieron, estarían recogidos en una nueva ley de vivienda que, en el plazo de tres meses, sería aprobada por el Consejo de Ministros y un mes después llegaría al Congreso. Desde aquello han pasado más de 340 días. Sigue sin haber ley de vivienda y, nuevamente, que haya o no presupuestos renovados parece depender de llegar a un acuerdo entre socios al respecto.

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