El líder del PP, Pablo Casado, anunció ayer que su formación llevará al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Vivienda y avisó de que no se aplicará en las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que gobierna su partido. A su entender, «este intervencionismo es suicida» y demuestra que España tiene «el Gobierno más radical de la Unión Europea».
En una entrevista en Telecinco, señaló que el «problema de la vivienda en España es muy grave» y hay que actuar, pero no se trata de mandar un «mensaje de inseguridad jurídica» como el que a su juicio lanza el Gobierno de «interferir en la libertad y en la propiedad privada». El jefe de la oposición advirtió de que con las medidas del Gobierno lo que va a suceder es que la gente no ponga sus pisos en alquiler y al final haya menos pisos a los que acceder y, por tanto, suba su precio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que la futura ley de vivienda será «comprometida en lo social» y «responsable y equilibrada» desde el punto de vista del respeto «absoluto» de la propiedad privada,e instó al PP a darle una «oportunidad» y construir en torno a esta norma un «acuerdo de Estado» para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
Uno de los puntos claves de esa ley es la posibilidad que ofrecerá a las comunidades y ayuntamientos de declarar zonas tensionadas del mercado del alquiler, para poder aplicar los mecanismos tanto de incentivos fiscales como de congelación o la limitación de los precios. Es decir, las autonomías jugarán un papel clave en la implementación de esta ley de la vivienda que el Ejecutivo central quiere llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Es más, muchas de estas autonomías han recordado al Gobierno central que las competencias en materia de vivienda recalan en los Ejecutivos autonómicos. Así, mientras lo gobiernos regionales del PP han adelantado que no aplicarán esta Ley, varias CCAA del PSOE han aplaudido el acuerdo, si bien algunas de ellas, como Extremadura, ha avisado de que no tiene «zonas tensionadas».
El mapa de los grandes propietarios de viviendas en España incluye a 290.000 tenedores de 10 ó más inmuebles urbanos, de los que 29.506 pertenecen a la Comunitat Valenciana, según constata la Dirección General del Catastro (Ministerio de Hacienda). Esos grandes caseros del país se concentran sobre todo en las provincias de Madrid y Barcelona (20% del total) y en las áreas de costa. Son los incluidos en la futura regulación del precio del alquiler.
Sobre los principales propietarios del negocio del ladrillo, tanto públicos como privados e incluidos los grandes fondos de inversión, recaen las principales novedades del proyecto de Ley de vivienda pactado por PSOE y Podemos. Por provincias, la de València aglutina 13.864 propietarios (incluidas personas físicas y jurídicas) que cuentan entre 11 y 25 inmuebles urbanos; 1.497 entre 26 y 50 hogares, así como 786 con más de medio centenar de casas. En el caso de Alicante, esos tenedores se sitúan en 11.163, 1.303 y 609, respectivamente. Y en la de Castelló, 4.479, 433 y 296, respectivamente.
Una característica común en España es la concentración de grandes propietarios en áreas turísticas como la C. Valenciana así como Murcia (11.496), Baleares (9.272) o Las Palmas (8.435). Además, en Asturias y A Coruña, con cerca de 7.000 cada provincia, también destacan. Además, existe un número importante de grandes propietarios en Andalucía.
Preocupación en el sector
A la vista del cambio legislativo que impulsa el Congreso, cuyo objetivo, según palabras de la Ministra de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana, Raquel Sánchez, es limitar los precios de alquiler, el sector inmobiliario de la Comunitat Valenciana pone el grito en el cielo. Los promotores y agentes inmobiliarios califican de «intervencionista» e «ineficaz» el proyecto de Ley de Vivienda anunciado esta semana. El Ejecutivo central estima que unos 150.000 pisos podrán ver regulado el precio del alquiler al ser los que están en manos de grandes propietarios o bien por personas jurídicas; es decir, sociedades.
«No se pueden intervenir los precios en un mercado libre», sostiene el agente de la propiedad inmobiliaria y portavoz del Colegio de API de València, Vicente Díaz. En ese sentido, recuerda que experiencias similares como las puestas en marcha en grandes ciudades como Berlín, París o Barcelona han sido negativas y han disminuido la oferta de hogares en el mercado hasta un 50 % respecto a antes de la nueva regulación. Es el caso de la ciudad condal. «Lo mismo puede ocurrir en la Comunitat Valenciana, donde se registrarán colas que se pueden multiplicar por diez, respecto a la actualidad, para alquilar viviendas», explica el portavoz de los API. Diez piensa que «los propietarios de viviendas, en lugar de tener cinco personas interesadas, tendrán veinte. Y se dedicarán a hacer ’castings’ y la gestión se puede dilatar durante mucho tiempo», puntualiza Vicente Díez.
En parecidos términos, Antonio Olmedo, de la Asociación de Promotores de la Comunitat Valenciana (Aprova), considera que el anteproyecto de Ley de la Vivienda, «resulta claramente intervencionista». Los promotores valencianos advierten de que las medidas anunciadas serían un «impedimento» para ampliar la oferta de vivienda; algo «básico» para paliar la dificultades de accesibilidad a la vivienda que sufren los jóvenes.
Las posibles consecuencias negativas que pueda tener esta ley y la falta de seguridad jurídica son también algunas de las principales objeciones manifestadas por los promotores valencianos. Al igual que los agentes inmobiliarios, reclaman «cautela» ante la futura ley y reiteran su oposición a cualquier medida que limite precios en el mercado del alquiler.
