Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La inquietud crece entre las empresas valencianas por los costes de la energía

La patronal CEV, que no tiene constancia de firmas que vayan a parar, como ha anunciado la vasca Sidenor, con planta en Sagunt, reclama por carta al Gobierno que se replantee la reforma eléctrica - El metal analiza el jueves la situación

El sector azulejero padece la subida del precio del gas. | LEVANTE-EMV

El anuncio del cierre durante veinte días en cuatro plantas de la siderúrgica vasca Sidenor, con un centro de producción en Sagunt que de momento no se verá afectado, es una cruda constatación de los efectos que está teniendo también para las empresas el disparado precio de la electricidad y de la energía en general porque el gas está asimismo por las nubes e industrias como las azulejeras se nutren de él. Tanto el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, como el máximo responsable de la federación del metal Femeval, Vicente Lafuente, aseguraron ayer a este diario que no tienen constancia de que ninguna empresa valenciana haya seguido o vaya a seguir los pasos de Sidenor. Otra cosa, no obstante, es que tal suceda en las próximas semanas. La preocupación es evidente y la inquietud crece.

Navarro expresó su temor a que, si no se contiene el precio de la luz, algunas empresas valencianas se vean obligadas a tomar medidas para contener los costes. Por su parte, Lafuente aseguró que mañana hay prevista una reunión en la nacional Confemetal «para hacer una valoración global» sobre la cuestión y añadió que en las firmas valencianas del sector «estamos expectantes y con recelo por las nuevas renovaciones de contratos con las compañías». El dirigente empresarial explica ese recelo en el «desconocimiento de qué puede pasar» por parte de las empresas e «impotencia de ver que es muy difícil poder cambiar el sistema».

Situación en la cerámica

La situación en la cerámica es dramática, según aseguró el pasado sábado en una entrevista publicada por este diario el presidente de Grupo Pamesa, Fernando Roig, quien habló de «números catastróficos», de un trimestre final de año «desastroso» con elevadas pérdidas económicas y de la necesidad del sector de subir precios para subsistir. La patronal azulejera Ascer ha pronosticado unos números rojos de 700 millones para el sector como consecuencia del imparable aumento de los precios de la energía.

En este contexto, Navarro, también vicepresidente de la patronal española CEOE, ha enviado, a la par que su homólogo de Andalucía, una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que expresa su oposición a la nueva regulación eléctrica que opera desde septiembre y que, según detalla, encarece los costes de las empresas y, por tanto, lastra su competitividad. Los dos dirigentes empresariales piden a Ribera que replantee esta reforma, según adelantó ayer ‘El Confidencial’ y confirmó a este diario Navarro, quien remitió la carta la semana pasada.

Contratos

El real decreto-ley, que tendrá que ser convalidado en las Cortes este jueves, incluye una tasa a las instalaciones no emisoras de CO₂ de las grandes eléctricas (hidráulica, nuclear y varias eólicas y fotovoltaicas) correspondiente a la subida del gas que internalizan en la formación de precios en el mercado mayorista. Sin embargo, muchos contratos estaban fijados previamente, por lo que las eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy, fundamentalmente) están advirtiendo a sus clientes de que tendrán que renegociar teniendo en cuenta este coste extra pese a no percibir sobrerretribución precisamente por estar dichos contratos fijados de antemano y por largos periodos (más de un año en muchos casos), sin vincularse al ‘pool’, recuerda el diario digital.

«La tasa supone, por tanto, un cambio en las reglas de juego (...) trasladamos nuestra oposición a esta medida y pedimos que se tengan en cuenta los impactos negativos para las empresas», sostiene Navarro en su carta.

La desorbitada subida del precio de la electricidad de los últimos meses y las medidas adoptadas por el Gobierno en un intento de contener sus efectos han puesto patas arriba la composición del recibo de la luz que pagan más de 10 millones de hogares en España. El juego de pesos y contrapesos entre los diferentes componentes de la factura ha sufrido un vuelco y la actual en nada se parece a la estructura tradicional.

Durante los últimos meses, el Gobierno ha tratado de tranquilizar a la ciudadanía insistiendo en que había que diferenciar entre el subidón del mercado mayorista de electricidad del que informaban los medios de comunicación del impacto real que tenía estos incrementos en el recibo de la luz que pagan las familias y las empresas.

En efecto, la evolución del mercado eléctrico (en el que generadores, comercializadoras y traders compran y venden la electricidad para el día siguiente) sólo determina una parte de la tarifa regulada, denominada precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y a la que están acogidos más de 10,5 millones de clientes domésticos y pymes. Pero es que esa parte no ha dejado de crecer en los últimos meses. Y lo ha hecho tanto, que la energía ya es con mucho lo que más pesa en el recibo actual.

Tradicionalmente, el coste de la energía ha venido representando en torno a un 25% de la factura final. Ahora el peso del componente de energía se ha triplicado y concentra casi tres cuartas partes del recibo de un consumidor medio de PVPC. En concreto, en octubre el coste de la energía representará un 72% de la factura final, según los cálculos del consultor especializado en energía Francisco Valverde.

La fortísima subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista y las medidas de las reformas del Ministerio para la Transición Ecológica han provocado que el peso de los impuestos en la factura haya pasado del tradicional 20-22% a menos de un 10% del total y que la importancia de la parte regulada (cargos y peajes de acceso) se haya hundido desde concentrar la mitad del recibo a sólo un 16% este mes.

Compartir el artículo

stats