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Iberdrola suspende la revisión de contratos a la industria tras la rectificación de Moncloa

La eléctrica se compromete ante empresas valencianas a paralizar la renegociación de tarifas después de que el Gobierno se abriera el jueves a no aplicar el recorte de beneficios a las comercializadoras que apliquen precios previos a la escalada

Lineal de una fábrica de textil para el hogar ubicada en Ontinyent. | PERALES IBORRA

Tras remontar con solvencia la fase dura de la crisis sanitaria, la industria está atravesando en los últimos meses un calvario particular en forma de escalada de costes —de transporte, de materias primas y energéticos— que incluso empiezan a poner en jaque la actividad de las mismas. Las distorsiones son globales y, por tanto, difíciles de atacar a nivel local. Sin embargo, ayer, algunos de los sectores industriales de la Comunitat Valenciana más afectados por la escalada del precio de la luz recibieron al menos un balón de oxígeno: Iberdrola aparca, de momento, la intención de renegociar los grandes contratos firmados a largo plazo con compañías industriales para compensar el recorte de beneficios que planteó el Gobierno.

Así lo trasladaron ayer directivos de Iberdrola en la Comunitat Valenciana a representantes de algunas de esas industrias más expuestas al encarecimiento del coste de la energía durante una reunión promovida por la patronal valenciana CEV y celebrada en la propia sede de la organización empresarial. Fuentes de la confederación aseguran que la cita fue de ámbito autonómico y dejaron en manos de Iberdrola aclarar si el compromiso tiene alcance nacional, pero la compañía no aclaró este punto a consultas de este diario.

Entre los asistentes estuvieron el delegado institucional de la eléctrica en la C. Valenciana, Ibán Molina; miembros de las patronales del plástico (Avep), del textil (Ateval), del azulejo (Ascer), del automóvil (Avia) y del mármol (Asociación Mármoles Alicante); y el presidente de la Comisión de Energía de la CEV, Vicente Nomdedéu.

Según dijo a este diario Inmaculada García, directora gerente de la CEV y presente en la cita, Iberdrola se abrió a dejar en suspenso la revisión de grandes contratos que anunció hace unas semanas como respuesta al decreto ley que planteó el Gobierno y que apostaba por recortar los beneficios que las eléctricas obtienen por los altos precios del gas.

Iberdrola alertó de que las medidas propuestas por Moncloa, que le obligaban a devolver parte de lo ingresado, convertían muchos contratos a largo plazo con industrias y grandes empresas en deficitarios e inició un envío de cartas a esos clientes para emplazarles a una renegociación de tarifas al alza para compensar ese ‘hachazo’.

Una situación que puso en guardia a la industria valenciana pero que parece haberse desactivado tras el encuentro de ayer. El origen del cambio de posición de Iberdrola está, según García, en que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se abrió este jueves a no aplicar ese recorte de beneficios a aquellas compañías eléctricas que apliquen precios antiguos en contratos nuevos. Por eso, el compromiso lanzado ayer está ligado a que el Gobierno confirme esa modificación.

Se da la circunstancia de que el presidente de la CEV, Salvador Navarro, remitió hace una semana una carta a Ribera en la que expresó su oposición a la nueva regulación eléctrica que opera desde septiembre y que, según defendía, encarece los costes y lastra la competitividad de las empresas. La patronal valenciana se mostraba ayer «agradecida» por el cambio de postura de la ministra así como por la «sensibilidad» de Iberdrola, aunque sigue exigiendo «soluciones a corto plazo» al Ejecutivo.

La CEV mantiene que los costes energéticos actuales que sufre la industria son «insoportables», si bien insistió ayer en que no se habla de paros de producción por este motivo más allá de los alertados por el azulejo.

El precio de los materiales obliga a parar a un 25 % de constructoras

Una de cada cuatro empresas de construcción ha tenido que paralizar o retrasar la ejecución de alguna de sus obras como consecuencia del fuerte aumento que lleva registrando en el último año el precio de las materias primas necesarias para la construcción. Según un estudio realizado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) que contó con la participación de más de 300 compañías del sector, hasta un 24 % de las empresas que han tenido que cancelar las obras han registrado una penalización económica. En concreto, la cancelación o el retraso les ha ocasionado a estas compañías un agujero económico de entre 1.500 euros y 3.000 euros por día natural, lo que supone entre el 10 % y el 50 % del presupuesto de obra. No obstante, un 76 % de las empresas que han tenido que paralizar o retrasas sus obras han podido evitar las penalizaciones económicas.

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