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El Supremo anula el recorte del plazo de las ITV durante el estado de alarma

El transporte exige una rectificación a Industria

Una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de València, antes de la pandemia. | M. A. MONTESINOS

El Tribunal Supremo ha declarado nula una sentencia del Ministerio de Industria que amplió los plazos para que unos cinco millones de vehículos que no pudieron pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en su fecha programada al coincidir con el confinamiento pudieran hacerlo con posterioridad. Sin embargo, los conductores de vehículos cuya revisión periódica estaba fechada entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020, mientras estuvo activo el estado de alarma, vieron reducido el periodo de vigencia del permiso una vez pudieron pasar el examen, ya que el mismo real decreto estipulaba que el plazo corría desde el día en que teóricamente debía pasar la ITV y no desde el que finalmente lo pasó.

De esta forma, aquellas personas que tenían que acudir a la revisión en abril del pasado año y con esta orden ministerial fueron avaladas para pasar la revisión, por ejemplo, en julio —los tres meses de cierre provocaron un colapso en las estaciones que derivaron en retrasos importantes durante la reapertura— obtuvieron un permiso que tomaba como fecha de arranque la original que consta en la cartilla y no cuando realmente se realizó la inspección técnica del vehículo, acortando de esta forma los plazos y «causando un grave perjuicio» a estos usuarios.

Así lo aseguraba ayer el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), Juan José Gil, a este diario. La patronal nacional fue de hecho la que promovió el recurso judicial contra la orden de Industria y ahora reclama una rápida rectificación al ministerio. «Se ha sancionado indebidamente a muchos conductores», denuncia Gil antes de solicitar una corrección del Gobierno. «Pedimos una instrucción de Industria para que la policía tenga en cuenta la fecha que aparece en la ficha de la cartilla y no la de las pegatinas, ya que en la primera pone la fecha real en la que el vehículo fue revisado».

El propio departamento de Reyes Maroto dijo en su día que la prórroga beneficiaba a unos cinco millones de vehículos, que según Fenadismer son los que se vieron afectados por este recorte que ahora ha tumbado la justicia. La agrupación no dispone de datos autonómicos, pero según la DGT los vehículos de la Comunitat Valenciana representan el 10,4 % del total, por lo que esta decisión afectaría en torno a medio millón de valencianos.

Garantizar el negocio de las ITV

Según un comunicado remitido por Fenadismer, el Supremo señala en la sentencia que la norma «carece de sustento, infringe el principio de interdicción de la arbitrariedad proclamado por el artículo 9.3 de la Constitución y desconoce el Derecho de la Unión Europea». Asimismo, el alto tribunal confirma que el objetivo principal perseguido por Industria al aprobar la orden era exclusivamente garantizar el negocio perdido durante el estado de alarma por las ITV.

El Supremo ya suspendió cautelarmente el decreto en octubre. Gil señala que pese a todo muchas autonomías siguieron trabajando bajo el mismo modus operandi hasta que se publicó en el BOE ya en diciembre. La Comunitat Valenciana sí aplicó la cautelar y desde ese mes los vehículos han recibido la fecha adecuada sin recorte de plazos.

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