Entre las cuatro aportan más de un tercio del PIB nacional, representan más de un 40 % de las exportaciones, reciben al 60 % de turistas extranjeros y generan intercambios de bienes por valor de casi 36.000 millones de euros al año. Las patronales de la Comunitat Valenciana, Aragón, Cataluña y Baleares culminaron ayer en Zaragoza la segunda Cumbre Empresarial de la que en su día fue la Corona de Aragón con la rúbrica de un decálogo enfocado a potenciar las relaciones económicas entre estos cuatro territorios y que asume algunas de las grandes reclamaciones del empresariado valenciano y del propio Consell, especialmente en materia de financiación e infraestructuras.
Tras un año de paréntesis por la pandemia, el encuentro —que se celebró por primera vez en 2019 en Benicarló por iniciativa de la CEV— arrancó el miércoles pero concentró ayer sus platos fuertes. Además de los cuatro líderes de las patronales y una amplia representación empresarial —más de 80 personas entre las cuatro delegaciones—, también acudieron los presidentes de la C. Valenciana, Ximo Puig; de Aragón, Javier Lambán; y de Baleares, Francina Armengol. El catalán Pere Aragonés fue el único ausente y fue sustituido por la consellera de Presidencia Laura Vilagrà.
Antes de elaborar el decálogo se reunieron cuatro mesas de trabajo de cuatro sectores comunes: turismo, agroalimentación, industria y logística. De los diez puntos principales, dos refuerzan las tesis de la CEV y del Consell en dos de sus grandes caballos de batalla: la «urgencia» de reformar el sistema de financiación y la necesidad de aumentar la inversión en «infraestructuras estratégicas».
Conscientes de que jugaban fuera de casa, tanto Puig como el presidente de la CEV, Salvador Navarro, utilizaron la estrategia del guante de seda y el puño de hierro para insistir en el agravio que sufre la Comunitat Valenciana en el reparto de fondos: «El cambio del modelo de financiación no puede ser más urgente. En mi comunidad vamos todos de la mano, pero necesito ganarme su apoyo. El de Aragón, el de Cataluña, el de Baleares y el del resto de España. No buscamos una solución para uno sino para todos», dijo Navarro. En esa misma línea, Puig incidió en que la reforma tiene un «espíritu claro», el de dar una «solución justa, sin ganadores ni perdedores» y alejada del «identitarismo» para encajar en la «España desconcentrada», esa «visión» de país que «empieza a calar», según el jefe del Consell.
En cuanto a las infraestructuras, la cumbre incluyó en su octavo punto la petición de «aumentar la inversión en infraestructuras estratégicas», entre las que citó expresamente el corredor mediterráneo, la «necesaria ampliación del Puerto de Valencia» y la mejora de la red de carreteras que unen la Comunitat con Aragón y Cataluña. Navarro defendió que estas inversiones tienen un «retorno muy superior» y pidió que se basen «en informes de impacto, de transparencia, de control y de evaluación» en lugar de «responder a intereses políticos».
Puig no hizo mención sobre el puerto, si bien se comprometió a «estudiar» el decálogo empresarial, que consideró un «gran punto de partida» y con el que coincide «en gran parte». Asimismo, marcó tres objetivos al empresariado: cooperar para proyectar territorios «a una escala global», potenciar el sistema ferroviario de mercancías más allá del corredor mediterráneo y explotar el «potencial logístico» con «coordinación y no competición».
