Sube la luz... y sube el pan. El ya famoso magavatio-hora (MWh) —la unidad en la que se vende la electricidad en el mercado mayorista, pool— roza este martes los 145 euros. Son 55 euros más (+60%) que el lunes, cuando el precio se moderó por la menor demanda de energía al ser día festivo. Al volver la actividad normal de una jornada laborable es lógico que la cotización de la luz se incremente, pero la comparativa con la misma fecha de 2019 (última fecha comparable antes de la pandemia) es demoledora: aquel 2 de noviembre, hace dos años, el MWh costaba 28,44 euros; hoy su precio se ha multiplicado por cinco. Este enorme encarecimiento del precio mayorista no se traslada con la misma fuerza a la factura de la luz del consumidor final —compuesta por varios conceptos, como impuestos que el Gobierno ha atenuado— pero sí la encarece. Los hogares españoles están pagando el recibo de octubre al doble que el año pasado, según Facua-Consumidores en Acción. La subida golpea también a la industria, sobre todo a la electrointensiva. Fábricas como la coruñesa de Megasa ya han decidido reducir la producción para esquivar las horas más caras. Justo cuando familias y empresas empezaban a ver la luz al final del túnel de el parón desencadenado por la pandemia de coronavirus.

El Foro Económico de Galicia apunta en su Anuario 2020-2021 a la carestía eléctrica como principal lastre para la recuperación económica, junto con la crisis de suministros. La economía gallega está “en una línea de entrada a la recuperación y superación”, valora el director de este grupo de expertos, Santiago Lago, pero este marcado incremento de costes “está frenando” la actividad de las empresas.

Sidenor ha sido la primera en anunciar su parón por el “desorbitado” precio de la luz. La siderurgia vasca deja de producir aceros durante 20 días porque tener las máquinas en funcionamiento le cuesta un 300% más que hace un año, según los cálculos que ha hecho públicos esta compañía, que opta a comprar la última fábrica de Alcoa en España, la de San Cibrao (Cervo, Lugo).

Precisamente Alcoa se ha visto reforzada en los últimos meses en su argumento de que no es rentable fabricar aluminio en España. Es su justificación para deshacerse de la planta aluminera de la A Mariña, con hizo con la de A Coruña, y para reclamar al Estado una rebaja eléctrica con la que poder vestir la venta de la instalación lucense a otra compañía.

Si la viabilidad de San Cibrao pasa por tener un marco energético competitivo y estable (el estatuto electrointensivo pretendía serlo pero no lo logró), la de Alu Ibérica también. Volver a encender las electrólisis en Agrela solo será posible con un coste eléctrico con el que le den los números a quien se haga cargo del futuro industrial de las plantas de aluminio coruñesa y asturiana una vez que consigan salir del atolladero judicial y financiero en el que están enredadas: cerradas temporalmente, bordeando la insolvencia y con sus dueños (Grupo Riesgo) bajo investigación penal por una posible estafa orquestada, supuestamente, con Alcoa y el fondo suizo al que esta vendió en 2019, Parter Capital.

A quien le ha ido bien en los últimos tiempos es a Megasa. El gigante del acero gallego cosechó 3,2 millones de beneficio el año del covid, cinco veces más que el ejercicio anterior. Pero a los gestores de la fábrica de Narón no les sale a cuenta fabricar durante el día, cuando la luz es más cara. A la vista de la subida astronómica del megavatio, la siderúrgica coruñesa ha optado por producir solo por las noches y durante los fines de semana, cuando la electricidad es más asequible.

Cada empresa busca sus recursos para amortiguar el impacto, pero la subida de la luz está traduciéndose ya en un incremento de los precios para el consumidor (IPC), lo que estrangula muchas economías domésticas, cuando quedan todavía unas 239.000 personas en ERTE en España a consecuencia de la crisis del COVID.

El detonante del gas

Con la desaparición inminente de las térmicas de carbón (enormemente contaminantes) el gas ha adquirido protagonismo en el sistema eléctrico y las centrales de ciclo combinado (que generan electricidad a partir de él) actúan como respaldo cuando la producción de renovables (eólica, hidráulica, fotovoltaica, biomasa) no cubre la demanda. En aplicación del sistema marginalista, la energía más cara en entrar cada día en el pool marca el precio. El precio mayorista del gas se ha triplicado desde principios de año y dispara la factura eléctrica.

El Gobierno ha tomado medidas de urgencia para atenuar la subida del recibo de la luz. Ha suprimido hasta fin de año el impuesto de producción eléctrica (era del 7%) y ha rebajado el IVA del tipo general del 21% al reducido del 10%. También ha reforzado el apoyo a los beneficiarios del bono social. Pero su efecto es limitado.