El principal sindicato de los estibadores que trabajan en los puertos de España, sector que agrupa a unos 7.000 empleados en los muelles de carga y descarga, advierte del riesgo que corren grandes puertos españoles con la próxima entrada en vigor (en 2023) del reglamento de emisiones de carbono de los buques que atraquen en puertos del territorio de la UE. En ese sentido, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), entidad liderada por Antolín Goya, ha registrado ante las instancias de la Unión Europea un documento en el que recogen una serie de alegaciones a la propuesta de Reglamento sobre la actualización del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la UE, «dada la preocupación de la comunidad portuaria y el propio sindicato por los efectos que dicha norma pueda tener en un sector tan esencialmente global como es el transporte marítimo».

En ese sentido, Coordinadora advierte de la posible merma de competitividad de los puertos frente a los del entorno que no forman parte de la UE, la pérdida de influencia internacional de los mismos al perder transbordos, así como de su impacto negativo en el empleo y en la economía del país.

En el escrito de alegaciones se recuerda que el sistema portuario español ocupa el 9º puesto en conectividad mundial del transporte marítimo y el tercero a nivel europeo, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. Asimismo, se destaca que el volumen de mercancías manipulado en transbordo en los puertos españoles de Algeciras, València, Barcelona y Las Palmas, al estar conectados con las principales rutas mundiales de comercio marítimo, acumulan entre los cuatro más de 9 millones de TEU (unidades de veinte pies de longitud) de transbordo durante los años 2019 y 2020.

Coordinadora destaca que los principales puertos españoles compiten con puertos cercanos no pertenecientes al ámbito de la comunidad europea y en consecuencia, «aumentar el coste de las escalas de transbordo en los puertos españoles supondrá una importante pérdida de tráfico por línea y, a medio plazo, la pérdida de inversiones privadas» en los principales emplazamientos portuarios del territorio español.