Las diferencias entre los costes que soportan las industrias asturianas con altos consumos eléctricos (ArcelorMittal y Azsa, entre ellas) y los de sus competidores pueden agravarse si el Gobierno central no atiende una nueva reivindicación del sector: revisar la normativa que determina el reparto de las llamadas compensaciones por costes indirectos de CO2 para equipararla a las nuevas reglas que, bajo el paraguas legal de la UE, acaban de aprobar países como Alemania, Francia y Grecia. De ser asumidos por España esos mismos criterios, las empresas beneficiarias tendrían acceso a ayudas por un valor superior a los 450 millones anuales, frente a los 179 consignados Los Presupuestos del Estado para 2022.
Según explicó a este diario Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), los estados europeos están actualizando los referidos mecanismos de ayudas a la industria siguiendo las directrices que marca la propia UE para el período 2021-2030. Esas directrices facultan a los gobiernos a elegir entre dos fórmulas de compensación de los costes indirectos de CO2 (loportados a través del recibo eléctrico): subvencionar como máximo el 75% de los costes o dar a las industrias ayudas que pueden llegar a ser equivalentes al 1,5% del valor añadido bruto que generan.
La patronal Aege, expuso Soto, está tratando de que, como Alemania, Francia y Grecia, España opte por la opción vinculada al valor añadido. Pero, al menos por el momento, el Gobierno de Pedro Sánchez se inclina por la regla del 75%, mucho menos generosa con la industria. Ocurre en un momento en el que los precios eléctricos están disparados, en parte por la escalada en la cotización de los llamados derechos de CO2, que se ha duplicado este año.
La memoria de un proyecto de real decreto en el que están implicados tres ministerios (Industria, Asuntos Económicos y Transición Ecológica) opta efectivamente por la vía que supone menos dinero para la siderurgia y para el resto de actividades clasificadas como “en riesgo de fuga de carbono” (en peligro de deslocalización por los sobrecostes asociados al proceso europeo de descarbonización). En ese documento se alega, por ejemplo, que con el mecanismo del valor añadido las industrias grandes –casos de ArcelorMittal o de Azsa– podrían tener ventaja sobre las de dimensión más modesta.
La diferencia entre optar por una u otra fórmula es sustancial, según Aege. Si el Gobierno siguiera el camino de Alemania y Francia, países que ya ofrecen a sus industrias precios eléctricos muy inferiores a los de España, las ayudas a las empresas se elevarían por encima de los 450 millones al año. Es una cantidad que más que duplica los 179 millones que aparecen en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.
Las comentadas ayudas salen de los ingresos que el país obtiene cada año a través de las subastas de derecho para emitir CO2, y la UE faculta a los estados a destinar el 25% de ese dinero a compensar a la industria e incluso a superar esa barrera previa notificación. Los apoyos nunca han llegado a ese nivel en España, donde el Gobierno lleva facturados 2.245 millones con las subastas en lo que va de año. Los 179 consignados para ayudar a la industria equivalen al 8% de esa cantidad.
