La OCDE también cree, como Bruselas, que España debe aumentar el número de años de la vida laboral del ciudadano con los que se calcula la cuantía de su pensión. Actualmente, son los famosos 25 últimos años de carrera, que dieron lugar a una agria controversia en el seno del Gobierno hace un año, cuando Pablo Iglesias acusó al ministro Escrivá de querer subir ese número a 35 años; polémica que resurgió el mes pasado, cuando la Unión Europea (UE) aclaró que el aumento de ese periodo es una de las condiciones necesarias para que España siga recibiendo los fondos europeos del programa Next Generation EU.
Como suele suceder con las organizaciones internacionales en los últimos años, la recomendación de la OCDE no se plantea de forma directa, sino que hay que leer entre líneas para detectarla. En el caso de España, el texto destaca que «la gran mayoría de los países de la OCDE toman en consideración los salarios de toda la carrera profesional para calcular la cuantía de la pensión. En la UE, sólo Francia, Eslovenia y España usan 25 años o menos». Unas líneas que se insertan en un párrafo que define como «permisivas» las condiciones que marca la legislación española para acceder al 100% de la pensión a los 65 años, que requieren ahora 37 años y 3 meses de cotización (y que serán 38 años y 6 meses en 2027).
