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El gasto social para empleados de empresas en crisis crece un 21% en la C. Valenciana

Las cifras quedan lejos de las de la crisis de 2008

Protesta de trabajadores en la sede del Fogasa de Alicante. | LEVANTE-EMV

Sin llegar a los niveles de gasto social de los fatídicos años posteriores al pinchazo de la burbuja inmobiliaria (2008), el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo público dependiente del Ministerio de Trabajo, ha vuelto a disparar sus pagos a trabajadores afectados por empresas en situación de insolvencia al estar en concurso de acreedores, quiebra o liquidación a lo largo de 2021 en la Comunitat Valenciana.

En concreto, el Fondo de Garantía Salarial, según constata la estadística oficial del Gobierno central publicada esta semana, destinó el pasado año 62,2 millones de euros para abonar salarios e indemnizaciones a trabajadores de empresas en suspensión de pagos en la Comunitat Valenciana. Esto supone un aumento de casi un 21 % en comparación con los desembolsos realizados en 2020. Gracias a esta prestación económica, el Fogasa cubrió las nóminas de 7.976 trabajadores (4.477 hombres y 3.499 mujeres) que formaban parte de expedientes de 2.484 empresas. Dichas cifras representan aumentos del 24 % y el 36 %, respectivamente.

En salarios –incluidos los de tramitación, es decir, las cantidades que un trabajador despedido de forma improcedente deja de cobrar entre la fecha del despido y la de la sentencia que declara la improcedencia–, el Fogasa pagó casi 21,2 millones de euros en la Comunitat Valenciana. Y en indemnizaciones por despido o extinción de contrato, algo más de 41 millones de euros.

El repunte del gasto del Fogasa en la C. Valenciana es inferior al de otras autonomías como Cataluña (120,4 millones de euros) y Madrid (118,8 millones), que ocupan los primeros puestos de España. Justo por detrás aparecen Andalucía, con un gasto de 60,7 millones, y el País Vasco, con 34,3. En el conjunto del Estado español los pagos del Fondo de Garantía Salarial durante 2021 se elevaron a 576,7 millones de euros y cubrieron la espaldas de 73.878 trabajadores integrados en los expedientes de 20.504 empresas.

Juzgados de lo Mercantil

Mientras crece el trabajo en los juzgados de lo Mercantil al dispararse los concursos de acreedores por el impacto de la crisis sanitaria en la economía, según los expertos, las estadísticas constatan que, a pesar de los datos de la recuperación que se pueden ver en la recaudación de la Agencia Tributaria y en el empleo, tal como constatan las últimas cifras del paro registrado, esta crisis del coronavirus va a dejar muchas empresas por el camino que no podrán aguantar financieramente la caída de sus ingresos.

La declaración de insolvencia debe decretarla un juez. El trabajador afectado por una empresa en crisis tiene que reclamar los salarios, y una vez reconocida la deuda judicialmente, solicitar el embargo de los bienes de la empresa. Cuando no existan bienes conocidos, o no sean suficientes para abonar la deuda con el trabajador, se puede acudir al Fogasa. En caso de concurso de acreedores, el trabajador cobra cuando el administrador de turno realice el certificado de deuda correspondiente y, por tanto, no es necesaria la finalización del concurso para cobrar una parte de lo adeudado.

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