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La justicia mantiene la anulación de la rebaja del precio de las ITV

El Supremo desestima el recurso de la Generalitat y ordena elevar las tarifas de las pruebas de sonometría y contaminación al nivel de 2013

Estas son las matrículas que tendrán que pasar la primera ITV en 2022

El precio de dos pruebas de la ITV deberá retornar a su nivel de 2013 en los próximos dos meses, lo que elevará el coste final de este servicio. El Tribunal Supremo ha confirmado en una providencia a la que ha tenido acceso este diario la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anulaba la rebaja de las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos aprobada por el Consell en mayo de 2019 al desestimar el recurso de casación interpuesto por la Administración Valenciana ante el alto tribunal.

Puesto que no no cabe recurso contra la resolución, se pone fin a la batalla judicial que vienen librando las concesionarias de las ITV y la Generalitat desde 2014, cuando el Gobierno del popular Alberto Fabra rebajó las tarifas. La privatización de este servicio está siendo investigada en la causa del caso Erial.

Ya con el Botànic en la Generalitat, la justicia dio por primera vez la razón a una de las adjudicatarias que recurrió la rebaja tarifaria, Applus Iteuve, en 2017. Lo hizo de forma parcial, anulando únicamente la rebaja de precios de las pruebas de contaminación y de sonido del vehículo.

Esa sentencia fue publicada en el DOGV el 3 de mayo de 2019, pero el 10 de mayo de ese mismo año el Consell aprueba un nuevo descenso de precios, dando por subsanados los errores que provocaron la anulación de la rebaja previa.

Las concesionarias volvieron a recurrir a la justicia y el TSJCV concluyó, en enero de 2020, que ese decreto del 10 de mayo de 2019 tenía como objetivo "eludir el cumplimiento de la sentencia" y convertirla "en papel mojado" y que la bajada de precio "rompía el equilibrio del contrato".

El Consell volvió a acudir al Supremo, que ahora da carpetazo definitivo al asunto al desestimar el recurso de casación e imponer el pago de los costes a la Generalitat.

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