La ley catalana contaba con un amplio respaldo social -el apoyo explícito de más de 4.000 entidades sociales y culturales- y con una mayoría parlamentaria suficiente: fue aprobada en septiembre del 2020 con 71 votos a favor y 63 en contra. Además sirvió para bajar los alquileres una media del 5% en las ciudades reguladas, las de más de 20.000 habitantes, según no se han cansado de repetir desde el Sindicat de Llogateres desde el pasado 10 de marzo, cuando el Tribunal Constitucional tumbó la peleada regulación de los alquileres tras el recurso interpuesto por el Partido Popular por una cuestión competencial.

Pese a que la reciente sentencia no afectará a los contratos firmados, es decisiva para las muchas personas pendientes de firmar una renovación y cuyos propietarios estaban esperando a la resolución del TC, confiando en que sería la que finalmente ha sido, su suspensión; por lo que los movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda tienen prisa por recuperar esta regulación "lo antes posible". Así se lo han trasladado este lunes gris en persona tanto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como al 'president' de la Generalitat Pere AragonèsAmbos dirigentes han coincidido en que la manera de recuperar la regulación de los alquileres es incorporarla a la Ley de Vivienda que se está debatiendo en el congreso de los diputados. Algo que las tres partes -movimientos sociales, Generalitat y ayuntamiento- consideran "estrictamente necesario y prioritario".

Congelación de precios

La ley catalana hoy suspendida fijaba que el precio del alquiler no podía aumentar respecto al contrato anterior y que si una vivienda tenía un precio por encima de la media de alquileres de la zona, el nuevo contrato no podría superar el índice de precios de la Generalitat y preveía sanciones de 3.000 hasta 90.000 euros en caso de incumplimiento; multas que desde el Sindicat siempre han criticado que no se están imponiendo.

Movimientos sociales, ayuntamiento -al menos el sector de los 'comuns'- y Generalitat -al menos ERC- coinciden también en que la regulación durante su año de vida funcionó: no se frenó el mercado y se contuvieron los precios.

Especulación "fuera de control"

La alcaldesa Ada Colau ha señalado tras el encuentro que la capital catalana es la más interesada en que el gobierno central apruebe esta regulación ya que "Barcelona es la ciudad más afectada, en la que hay más personas viviendo en régimen de alquiler, más del 40% de la población, más de 500.000 familias; y más de 50.000 contratos cada año". "Nos urge muchísimo para evitar una especulación fuera de control", ha señalado.

Colau ha subrayado que el punto de partida de la regulación de los alquileres que debería recoger la futura ley vivienda debe ser la ley catalana recientemente suspendida por el Tribunal Constitucional por una cuestión competencial ya que, insiste, "se ha demostrado efectiva". "Mientras esta ha estado vigente no ha frenado el mercado del alquiler como algunos temían y ha servido para contener los precios", ha recordado la alcaldesa.

"La ley en su redactado actual, no sería efectiva", ha añadido la alcaldesa en una crítica directa al PSOE (y a su mirada sobre la gestión de la crisis de la vivienda).

Sin efectos prácticos

Según han explicado los portavoces del Sindicat de Llogateres tras los dos encuentros, igual que Colau, el 'president' Aragonès les ha dejado muy claro que la ley estatal "debe retomar la regulación catalana de los alquileres, y que el texto actual propuesto por el gobierno estatal no tendría efectos prácticos". No es un detalle menor que los votos de ERC en el Congreso son imprescindibles para la aprobación de la ley en el Congreso.

Tanto los sindicatos de inquilinos de Barcelona y Madrid como las plataformas de afectadas por la hipoteca de todo el Estado -entidades que han liderado las reformas legislativas- llevan muchas semanas señalando lo mismo que han reconocido hoy tanto Aragonès como Colau: que la ley por el derecho a la vivienda promovida actualmente en período de enmiendas parte de un texto "totalmente insuficiente". Por ello, los esfuerzos de todos ellos ahora están puestas en enmiendas, en juego durante las próximas semanas. "En materia de regulación de precios del alquiler, la ley actual sería inaplicable y no tendría efectos ni en Cataluña ni en ninguna ciudad del Estado", subrayan los promotores los promotores de una Ley de Vivienda redactada por la ciudadanía que fue ninguneada en el Congreso.

Es la segunda vez que Aragonès se reúne con los movimientos sociales por el derecho a la vivienda en pocas semanas. El pasado día 9 se sentó con la PAH para hablar sobre la nueva aplicación de la ley catalana antidesahucios, ley que, igual que la que regula los alquileres, el PP ya anunció desde el minuto uno que recurriría al Constitucional, práctica habitual del partido que ya recurrió (y ganó) contra la anterior ley catalana antidesahucios.