El empresario Ángel de Cabo, que se enfrenta a otros tres años y 11 meses de prisión por delitos contra la Hacienda Pública en grado de tentativa y de falsedad en documento mercantil en un nuevo procedimiento, se defendió ayer en la Audiencia de Valencia y afirmó que «todas facturas -de empresas- responden a trabajos reales», al tiempo que ha señalado: «Le tenía pánico a las facturas falsas».

La Audiencia de Valencia inició un nuevo juicio contra el empresario (condenado en 2015 por la Audiencia Nacional a cinco años de cárcel por despatrimonializar Marsans, cuyo propietario era Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, en perjuicio de los acreedores) junto a otras tres personas más para los que la Fiscalía solicita las mismas penas. En este caso, el ministerio público les acusa de usar una empresa con domicilio social en la localidad de Riba-roja como una sociedad instrumental para «canalizar el vaciamiento patrimonial» de otras mercantiles, «simulando operaciones de compraventa de inmuebles», a fin de obtener devoluciones indebidas de IVA entre los ejercicios fiscales de 2009 y 2012. Al respecto, el acusado señaló que en 2008 compró un conglomerado de más de cien empresas, con 500 trabajadores, pero que cada una llevaba su caja. En concreto, sobre esta supuesta sociedad, el empresario explicó que si, por ejemplo, «una constructora entraba en crisis, gestionábamos con los proveedores y los clientes para llegar a un acuerdo, hacían reformas y gestionaban inmuebles». «De todo», señaló.