Los concesionarios de ITV de la Comunitat Valenciana pasan al ataque contra el Consell. La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova) ha roto este martes su silencio para acusar a la Generalitat y más en concreto a la Conselleria de Economía de haber basado su defensa de la reversión de este servicio, privatizado por el Gobierno del expresidente valenciano Eduardo Zaplana en 1998, en un informe elaborado por Nuve Consulting que tilda de "inexacto", "inconsistente" y con "delirios y falsedades".
La asociación empresarial está ultimando un informe pericial con el que quiere demostrar que los cálculos con los que el área que comanda Rafael Climent defiende la recuperación de la gestión de las ITV "no se ajustan a la realidad" y que "no se puede revertir el servicio en base a ese informe". Así lo ha avanzado Manuel Trigo, vocal de Aecova y gerente de uno de los siete lotes en los que la Generalitat dividió las ITV hace casi 25 años.
Según los cálculos de Aecova, solo en gastos de personal el Consell tendrá que afrontar sobrecostes de más del 50 % de los que prevé el informe de Economía. El documento fija el coste laboral por empleado en 27.380 euros mientras que la asociación asegura que para 2023, cuando está programada la reversión, se disparará hasta los 45.985 euros. Este diferencial, multiplicado por los 1.016 empleados a tiempo completo que hay en las ITV, elevaría en 16,5 millones el coste en personal para la Administración pública, según Trigo.
Asimismo, Aecova asegura que el informe no recoge otras partidas que ahora asumen las empresas concesionarias y que elevarían la factura de recuperar la gestión pública de este servicio y tacha de irreal el resultado bruto de explotación que atribuye a las ITV en su primer año de gestión pública. "Dicen que ganarán 36 millones cuando, en el mejor de los casos, estaría en torno a los 8 o 10 millones de margen de explotación, un 60 % menos", ha defendido Trigo.
Con todo, Aecova concluye que "no hay justificación técnica ni económica" para la reversión. Una tesis que es la que llevarán a la reunión con Climent programada para este miércoles. Allí, según Trigo, pedirán "explicaciones" al conseller acerca de por qué la Administración "mintió" en 2020 al utilizar "datos falsos para construir argumentos que no se ajustan a la realidad" y que han "inducido" a la justicia fallos erróneos, según el vocal de Aecova.
Más de 130 millones
Respecto a la batalla judicial que vienen librando desde hace más de cinco años las concesionarias y el Consell, Trigo ha avanzado que volverán a reclamar los 83 millones por las tarifas de entre 2014 y 2019 y que el juez anuló por un defecto de forma, a los que habrá que añadir otros 50 millones por los precios de entre mayo de 2019 y marzo de este año. En total, más de 130 millones a los que hay que añadir el 3 % anual de interés.
