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Agricultura

El recorte del Tajo-Segura obligará a indemnizar a los agricultores del trasvase con más de 5.000 millones de euros

Un informe del Instituto del Agua de la UA servirá de base para una reclamación por la vía de lo contencioso-administrativo por el lucro cesante

Jornaleros agrícola trabajando en una explotación de la Vega Baja junto a las tuberías del trasvase.

Un informe de Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, que forma parte de la documentación que prepara la Diputación para plantear el recurso por la vía de lo contencioso-administrativo contra el cambio de las reglas de explotación del Tajo-Segura, revela que el impacto negativo del recorte del trasvase será mucho mayor que el que admite la propia Confederación Hidrográfica del Segura para todo el “territorio trasvase”: Alicante, Murcia y Almería.

El estudio coordinado por el director del Instituto, el catedrático Joaquín Melgarejo, señala que la pérdidas anuales en Alicante, Murcia y Almería serán de 5.327 millones euros anuales. producto del abandono de los cultivos y del volumen económico que se dejará de mover (lucro cesante). Además, dejarán de aportarse al PIB español, un total de 3.610 millones de euros. Seis mil empleos directos se perderán sólo en la provincia de Alicante, y una cifra similar también de de indirectos, los mismos que mantiene la planta de la multinacional Ford en la valenciana Almussafes.

La aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Tajo (2022-2027) supondrá, según los técnicos, una merma de caudales disponibles para regadío del trasvase Tajo-Segura estimados en unos 105 hm3/año. La potencial reclamación patrimonial, podrá incluir, además, los daños emergentes como gastos, inversiones... ya realizados al amparo de la normativa anterior, y el lucro cesante (previsiones efectivas, no meras expectativas), según el informe.

“El daño es indemnizable cuando pone en cuestión la rentabilidad razonable de las explotaciones agrarias, impidiendo o condicionando gravemente su continuidad”, subraya Joaquín Melgarejo. La reducción de caudales traerá consigo una pérdida del 15,62% de la superficie de regadío que debería dejar de regarse y pasar a secano o abandonar la explotación agraria.

Esto supone la pérdida de unas 27.314 hectáreas. Los efectos económicos derivan de la pérdida de dos flujos de valoración. De una parte, el valor de los activos productivos (precio de la tierra) y, por otro lado, el lucro cesante experimentado por las explotaciones a través del margen neto: 5.400 millones euros, según refleja un informe del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, que se incorporará al contencioso-administrativo que preparan los servicios jurídicos de la Diputación.

A esta cantidad habría que añadir otros costes derivados del despido de un total de unos 15.322 trabajadores y sus prestaciones económicas derivadas de la pérdida del empleo. Para la provincia de Alicante significaría la pérdida de unos 6.000 empleos directos, cifra similar al número de trabajadores en plantilla de la Ford en Almussafes, subraya Joaquín Melgarejo que, en este sentido, se pregunta “¿qué pasaría en Valencia si se decidiera cerrar la planta? En Alicante, sin embargo, existe una amenaza real y no hay reacción alguna”.

Esta generación de empleo, aparte de los efectos directos sobre el bienestar de la población y el desarrollo económico de las provincias beneficiadas por el trasvase, supone, según Melgarejo, una contribución significativa a las arcas públicas. “Se produce principalmente a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de las contribuciones a la Seguridad Social por parte de las empresas y trabajadores y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Circunstancia que parece que nadie ha contemplado en el Gobierno. Es decir, cambiar bienestar y progreso por ruina. Es insólito, la verdad”.

Regantes y patronal insisten en que se debe mantener como está el trasvase Tajo-Segura y que el Júcar-Vinalopó alcance un caudal anual máximo de entre 30 hm³ y 50 hm³, algo que sigue pareciendo una quimera pese a los buenos propósitos de la semana pasada. El acuerdo, histórico, se quedará en papel mojado si el 1 de enero no se renovara y con un precio del agua tan generoso como el acordado el miércoles pasado: 0,29 euros/m³ sobre un precio real de 0,85 euros. El escenario es más compleja en el Tajo-Segura, debido a que, de momento, sigue negro sobre blanco la subida del caudal ecológico, lo que dejará al trasvase sin 105 hm³ al año. 

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