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Sector pesquero

El Gobierno valida la Ley de Pesca, que permite distribuir cuotas que no se utilicen

El Consejo de Ministros culmina un proceso de más de dos años | Incluye la retirada de cupos a los “armadores de sofá” y la transmisión de posibilidades de pesca entre buques

Salida a la mar del cerquero 'Colomba Tercero'. RICARDO GROBAS

Luis Planas lo anunció hace dos años, poco después de estallar la pandemia de COVID en el país. El ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca se fijó como como objetivo principal para su legislatura la revisión de la Ley de Pesca Marítima del Estado, un texto de 2001. Hoy, tras más de dos años de tramitaciones, de desencuentros con el sector por su proceso elaboración y de dudas por algunos puntos polémicos de su contenido, la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera será aprobada –si no hay cambios de última hora– en la reunión del Consejo de Ministros. Y según pudo saber este periódico, entre su articulado estarán finalmente algunos de los puntos que más preocupación suscitaban entre los armadores: se podrán transmitir posibilidades de pesca entre buques y el Gobierno podrá redistribuir cupos en el caso en el que durante un periodo de tiempo sus armadores no hagan uso de ellos.

La revisión de la ley, que una vez aprobada se remitirá a Las Cortes para someterlo al proceso de tramitación parlamentaria, fue anunciada por el ministro durante una sesión de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado en junio de 2020. Era un compromiso del Gobierno que buscaba actualizar la normativa, adaptarla a los nuevos tiempos tras dos décadas de vigencia de la anterior legislación. “De alguna manera sienta unos principios y quiere establecer una modernización a la hora de abordar la gestión pesquera”, explicaba en una entrevista la secretaria general de Pesca, la gallega Alicia Villauriz.

En marzo del siguiente año, Faro de Vigo adelantó en exclusiva el grueso de su contenido, cuyos puntos fuertes estaban en intentar lograr el máximo aprovechamiento posible de las cuotas. Para ello, el borrador del anteproyecto recogía la posibilidad de retirar las cuotas asignadas a un barco si no las utilizaba por un período de tiempo determinado, lo que Villauriz calificó como acabar con los “armadores de sofá”, ya que a su juicio “es evidente que no las necesitan”. “Haremos que otros las usen”, señalaba entonces.

De igual forma, aquel documento incluía otras medidas relativas a una mayor optimización de los cupos, como la posibilidad de dar entrada a los censos de flota a buques sin un historial previo de pesca en ciertas pesquerías o medidas para controlar mejor la pesca recreativa, como la creación de un registro nacional y una licencia única válida también para aguas interiores.

Bajo el objetivo lograr ese “aprovechamiento adecuado y duradero” de las cuotas, y a falta de conocer el texto definitivo y completo, la ley que hoy aprobará el Consejo de Ministros sí incluirá entre su articulado la transmisión de posibilidades de pesca entre buques y, sobre todo, la capacidad del Ministerio para redistribuir los cupos que no se empleen durante un periodo de tiempo. De igual forma, aspira a clarificar los requisitos para el acceso a los recursos pesqueros (dar entrada a los censos de flota a buques sin un historial previo) y simplificar la burocracia sobre el Registro general de la Flota Pesquera.

Desde un primer momento, los responsables de las asociaciones y organizaciones pesqueras reclamaron un “trabajo de consenso entre el sector y las administraciones” para llevar a buen puerto la ley y, como apuntaba entonces el gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Edelmiro Ulloa, es necesario “garantizar jurídicamente las inversiones de la flota”. Este era el principal punto que defendía la industria y que ahora mirarán con lupa cuando conozcan el articulado que, a partir de hoy, será definitivo.

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