La Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) advierte de las consecuencias derivadas de la inacción de la administración para desbloquear los desarrollos urbanísticos de la ciudad de Valencia. «Valencia se queda sin suelo y los precios, tanto de venta como de alquiler, se han disparado debido a la imposibilidad de lanzar al mercado oferta nueva», señala Antonio Olmedo, presidente de Aprova.
Los promotores valencianos insisten, una vez más, en la necesidad de que la administración saque al mercado las grandes bolsas de suelo que tiene para poder ofertar vivienda nueva. Además, insisten en que la demanda de vivienda se encuentra en un buen estado, pero apuntan que la ciudad se ha quedado sin opción para promover vivienda.
Esta afirmación de los promotores está sustentada por el último informe elaborado por la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) que apunta a un descenso de los nuevos proyectos residenciales en la ciudad del 48 % en solo un año, lo que ha provocado ya un encarecimiento en los precios del 15 %.
Desde Aprova coinciden en la urgencia que tiene la ciudad de desatascar los desarrollos bloqueados —como el PAI de Benimaclet o el PAI del Grao—, así como en la urgencia de una mayor agilidad administrativa. Además, llevan tiempo denunciando este desequilibrio, mientras la obra nueva sigue a la baja en la ciudad.
«El Ayuntamiento de la ciudad es el propietario de las grandes bolsas de suelo pendientes de urbanizar que no hay manera que salgan al mercado. Hay pequeños solares pero, por su superficie, las exigencias administrativas y el contexto inflacionista hacen inviable los proyectos», aseguran.
En este punto, los promotores reiteran el impacto positivo que tiene el sector en la economía española. «Hay que recordar que por cada vivienda que se construye se crean tres puestos de trabajo, además de las tasas e impuestos que se generan», precisa Antonio Olmedo.
Los promotores valencianos insisten en la necesidad de profesionalizar las cuestiones relacionadas con el urbanismo y la vivienda en la Administración, más allá del color político del gobierno del momento. Asimismo, recalcan los peligros derivados del intervencionismo en el mercado inmobiliario y exponen que las políticas de la administración están provocando el efecto contrario al deseado.
De este modo, Aprova reitera la necesidad de que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y hagan un plan de ciudad para los próximos 20 años; y que se evite pensar solamente para los cuatro años que dura un mandato.
Por último, Olmedo también defiende la necesidad de actualizar las normas vigentes a través de una ordenanza que genere seguridad jurídica para favorecer las inversiones y permitir a las empresas hacer sus planes de negocio a largo plazo, con el fin de que se genere empleo y riqueza, dos cuestiones claves para un sector que representa el 17 % del PIB en España.
Agilización de las licencias de obra
Otra de las reivindicaciones, desde hace años, es la agilización de las licencias de obra. Este se ha convertido en un lastre que pone en jaque la viabilidad de los proyectos que, en algunos casos, pueden estar hasta más de un año esperando el visto bueno de la administración.
En este sentido, desde Aprova explican que “la situación es inviable; se tarda dos veces más en hacer todos los trámites burocráticos y administrativos que en la construcción del propio edificio”.
III Congreso Nacional de Vivienda
Por otro lado, el sector ya tiene la mente puesta en el III Congreso Nacional de Vivienda, que se celebrará en Valencia el próximo 20 y 21 de septiembre. Este congreso colocará a Valencia como referencia en ámbito promotor nacional.
En la asociación se muestran muy ilusionados por la organización de esta gran cita para el sector que tendrá lugar en la ciudad. “Supone un reconocimiento profesional y reputacional muy positivo para el inmobiliario valenciano”, aseguran.
El objetivo de este certamen es abordar los principales retos de futuro del sector: el acceso de los jóvenes a la vivienda, la nueva legislación cada vez más restrictiva, la burocracia de las instituciones públicas, la colaboración público-privada y nuevas oportunidades y tendencias en el sector, así como los retos y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
