La guerra de Rusia en Ucrania ha cambiado drásticamente el panorama económico y presupuestario de la Eurozona. La Comisión Europea augura menos crecimiento y más inflación de la anticipada hace tres meses y mucha incertidumbre entorno al suministro energético, con precios disparados, por la elevada dependencia de los hidrocarburos rusos. Un contexto que ha llevado este lunes al Ejecutivo comunitario a proponer la suspensión un año más, hasta finales de 2023, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que sitúa el umbral máximo del déficit público en el 3% del PIB y en el 60% la deuda. 

La Comisión Europea activó la cláusula de escape, que permite dejar en suspenso las reglas fiscales, en marzo de 2020 tras la irrupción de la pandemia de coronavirus, con el objetivo de dar el suficiente margen presupuestario a los gobiernos para adoptar medidas de emergencia y mitigar el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria. Con el retorno del crecimiento el año pasado y la recuperación de los niveles prepandemia la idea era desactivar la cláusula y volver a aplicar las reglas ya desde 2023. 

Sin embargo, la guerra ha obligado a Bruselas a cambiar de nuevo el paso y proponer el mantenimiento de una medida tan excepcional como es la suspensión de las reglas del déficit y la deuda para permitir a los gobiernos echar mano del gasto público si la situación vuelve a complicarse de nuevo. “La Comisión Europea considera que se cumplen las condiciones para mantener la cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento suspendida en 2023 y desactivarla a partir de 2024”, señala Bruselas que justifica el cambio de posición en la mayor incertidumbre y los fuertes riesgos a la baja para las perspectivas económicas en el contexto de la guerra en Ucrania, las subidas sin precedentes de los precios de la energía y las continuas perturbaciones de la cadena de suministro.

17 países con más del 3% déficit

Según las últimas previsiones de crecimiento presentadas hace una semana el PIB será del 2,7% en 2022 y del 2,3% en 2023 frente al 4% y el 2,7% esperado hace solo tres meses, con una inflación disparada -del 6,1% este año- y un panorama todavía más complicado en caso de que Rusia llegara a cortar el suministro de gas. Además, si el año pasado eran 15 los países con un déficit público superior al 3%, este año serán 17 -Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Austria, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia- aunque la Comisión Europea no abrirá procedimientos de déficit público y revaluará la situación en otoño. 

De ahí el alivio que supondrá para muchos gobiernos, empezando por España, la prolongación de la medida que tendrá que obtener primero el aval de los ministros de economía y finanzas de la UE. “La continuación de la activación de la cláusula general de salvaguardia en 2023 proporcionará el espacio necesario para que la política fiscal nacional reaccione con prontitud cuando sea necesario”, sostiene el Ejecutivo comunitario en su nuevo diagnóstico en el que recomienda una política fiscal que apoye la inversión pública en la transición ecológica y digital y la seguridad energética, pero que sea “prudente” al mismo tiempo.

“La política fiscal debe ser prudente en 2023, controlando el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional, permitiendo al mismo tiempo el funcionamiento de los estabilizadores automáticos y proporcionando medidas temporales y específicas para mitigar el impacto de la crisis energética y proporcionar ayuda humanitaria a las personas que huyen de la invasión rusa de Ucrania”, recomiendan. 

Bruselas reclama también a los países de la Eurozona planes presupuestarios para 2023 “anclados en trayectorias de ajuste prudentes a medio plazo”, que reflejen los desafíos de sostenibilidad fiscal asociados a los elevados niveles de deuda en relación con el PIB, que han aumentado todavía más debido a la pandemia. Además, también apuntan que la política fiscal debe estar preparada para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación y aprovechar al máximo una aplicación rápida y plena de los planes de recuperación financiados con cargo al Next Generation EU, la principal herramienta que tienen los gobiernos para acelerar la transición verde y digital.