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Anteproyecto del Gobierno

La banca tacha de inconstitucional el nuevo Defensor del Cliente Financiero

Las patronales AEB y CECA contestan a Economía que su plan "invade" competencias de los jueces y "sobreprotege" a los consumidores

La vicepresidenta Nadia Calviño con los líderes de AEB, CECA y UNACC, el pasado enero.

La nueva Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero -con la que el Gobierno quiere revolucionar el actual sistema público de resolución de las reclamaciones a bancos, aseguradoras y firmas de inversión- ha despertado una oposición radical en la banca. Hasta tal punto que las dos principales patronales del sector, la AEB (bancos tradicionales) y la CECA (bancos surgidos de cajas de ahorro), han tachado de "inconstitucional" su diseño. Así consta en las alegaciones que presentaron hace unos días al anteproyecto de ley para la creación del nuevo organismo, aprobado por el Ejecutivo a principios de abril, según documentos a los que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya.

La AEB (de la que forman parte el Santander y el BBVA) ha sostenido en sus observaciones enviadas al Ministerio de Economía que el anteproyecto se enfrenta a "importantes obstáculos de constitucionalidad que determinan la necesidad de una profunda reconsideración del mismo". Las características con que se quiere dotar a la nueva autoridad, insiste en sus alegaciones, "arrojan un producto final que por no respetar principios jurídicos básicos debe ser reconsiderado en su totalidad", entre otros motivos porque incorpora una "sobreprotección del cliente" que, a su parecer, va en contra del derecho a un juicio justo. También la CECA (de la que forman parte CaixaBank y Unicaja) ha tachado diferentes aspectos del plan del Ejecutivo de contrarios a la Constitución.

El departamento dirigido por Nadia Calviño pretende que el nuevo organismo resuelva las reclamaciones que hasta ahora se presentan ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Su intención es que las decisiones de la autoridad sean vinculantes para las entidades (no para los clientes) cuando la cantidad reclamada no supere los 20.000 euros. Supone un cambio de gran calado, ya que los dictámenes de estos tres supervisores no son de obligado cumplimiento, lo que hace que sean ignorados en porcentajes muy elevados por las entidades. Economía también pretende que el sector financie el organismo con una tasa 250 euros por reclamación recibida, mientras que para los clientes sea gratuito.

Tutela judicial

Estos tres aspectos centrales del anteproyecto elaborado por la Dirección General del Tesoro son los que han levantado más ampollas en la banca. Las entidades defienden que los poderes con que el Gobierno quiere dotar al nuevo organismo suponen una "invasión del terreno reservado" a los jueces por la Constitución. "El establecimiento de un sistema de resolución extrajudicial de controversias obligatorio y vinculante de las disputas entre partes privadas incurre en una evidente inconstitucionalidad al ser incompatible con las funciones de nuestro poder judicial", ha argumentado la AEB.

La CECA también comparte que el anteproyecto pone en peligro el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, es decir, el que tiene toda persona física o jurídica de acudir a los órganos judiciales en defensa de sus intereses legítimos. Para salvar este escollo, el Gobierno ha previsto que las decisiones vinculantes de la autoridad puedan ser recurridas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Pero el sector cree que ello no soluciona el problema, porque entiende que se trasladan conflictos privados propios de los juzgados de lo civil a la jurisdicción que resuelve las controversias con la administración pública.

El Estado o al 50%

Los bancos también consideran inconstitucional la tasa con que se quiere financiar el organismo y su cuantía de 250 euros por reclamación. Así, critican la "atribución de su pago en todo caso a las entidades financieras, al margen de en favor de quien se dicte finalmente la resolución, así como el establecimiento de una cuantía desconectada de la del asunto a resolver". Por ello, proponen que los presupuestos del Estado financien la autoridad o, en su defecto, que se fije una tasa más baja y la paguen tanto las entidades como los clientes reclamantes (o en última instancia, solo las entidades que recibieran pronunciamientos en contra).

En el ámbito de la CECA se considera que el sistema planeado por el Gobierno provoca indefensión al sector, ya que los bancos pueden verse impulsados a aceptar toda reclamación inferior a 250 euros de un cliente, aunque crean que este no tenga razón, para evitar tener que pagar la tasa. "No debe despreciarse la posibilidad de que se generen malas prácticas en la forma de proceder de los clientes bancarios y de los profesionales, ciertas asociaciones que pretendidamente defienden sus intereses, los cuales dispondrán de una ventaja procedimental y un incentivo muy grande para reclamar de forma masiva y sistemática todo tipo de operativas y prácticas", ha advertido la AEB.

Hasta 5.000 euros

El tercer mayor foco de crítica para las patronales es el hecho de que los dictámenes por debajo de 20.000 euros vayan a ser vinculantes solo paras las entidades. En esta línea, el sector ha propuesto suprimir dicho carácter vinculante de las resoluciones y que, de mantenerse, lo sea también para los clientes y para reclamaciones de una cuantía menor. La AEB, en concreto, ha propuesto fijar el umbral en 5.000 euros.

En sus alegaciones, la banca también ha cuestionado otros muchos aspectos del anteproyecto, como que la autoridad pueda resolver reclamaciones de autónomos, empresas y clientes potenciales, no solo de consumidores; que pueda pronunciarse sobre cláusulas abusivas y valorar el cumplimiento de conceptos no normativos como los códigos de buenas prácticas; que pueda imponer sanciones; y que las asociaciones de consumidores puedan plantear reclamaciones. 

En general, el sector aboga por mantener el sistema actual con algunos ajustes o, en su defecto, ir al modelo 'twin peaks' que gusta a los supervisores: que el Banco de España sume a la supervisión de solvencia de los bancos la de las sociedades de inversión y aseguradoras, y la CNMV asuma la supervisión de la conducta de todas estas compañías, incluyendo las reclamaciones.

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