Duro Felguera, que el pasado noviembre alcanzó un acuerdo de refinanciación y reestructuración de su deuda financiera con la banca acreedora, ha solicitado a las seis entidades acreedoras una línea de financiación adicional de 36 millones con un año de carencia en el pago de sus intereses y un aplazamiento hasta el 30 de octubre de 2023 de una amortización de 5 millones. La entidad, que alcanzó el pacto con la banca en noviembre tras lograr el rescate por el Estado (120 millones) y el Principado (6 millones), atribuye su petición a las circunstancias sobrevenidas ajenas a la gestión de la compañía y que están motivadas por la prolongación del covid, la carestía de los materiales y la energía y el conflicto diplomático comercial entre España y Argelia. Este desencuentro entre ambos gobiernos está suponiendo una ralentización en las obras por parte del cliente en la gran central de ciclo combinado de Djelfa (que está al 70% de su ejecución) así como retrasos en los cobros –por la suspensión de las transacciones bancarias entre los dos países– tanto en este proyecto como en el del sistema de manejo de graneles en la acería Bellara, que está prácticamente concluido.
De los 36 millones solicitados, 30 millones se plantean con un aval público del ICO del 70%, con lo que el riesgo para la banca sería de 15 millones, igual al importe que la empresa ya amortizó de su deuda con los bancos desde el pacto de noviembre, lo que dejaría la posición de riesgo de las entidades financieras en el punto de partida.
La petición obedece a “una operación normal de financiación que, entre otras acciones posibles esta compañía y cualquier otra tiene la obligación de considerar para adelantarse a los acontecimientos ante el nuevo contexto internacional”, explicó ayer a la plantilla –según relataron a este diario varios testigos– el consejero delegado de la empresa, Jaime Argüelles, en un encuentro virtual con todos los trabajadores que ya estaba previsto con anterioridad. Las fuentes dijeron que el primer ejecutivo de la sociedad explicó que la nueva petición a la banca obedece a la búsqueda de financiación para “pertrecharse” y “acometer nuevos proyectos sin deteriorar la caja”. Actualmente cuenta con unos 44 millones y, de seguir recurriendo a ella, tendría caja operativa sólo hasta fines de año. Argüelles relató que Duro tiene pendiente de cobro 10 millones en Argelia, que tiene a punto de firma contratos en varios mercados por 200 millones y que mantiene la expectativa de facturar entre 300 y 500 millones este año. Reclamó por ello un gran “esfuerzo” a la plantilla porque “la empresa va a salir adelante”.
La compañía mantiene a su vez conversaciones avanzadas con inversores y cuenta con “dos o tres opciones muy buenas”, dijeron personas conocedoras. Se baraja convocar una junta general extraordinaria, aún sin fecha, para dar entrada al nuevo capital.
El consejero de Industria, Enrique Fernández, explicó ayer en la Junta que a las dificultades de Duro se sumaron, tras su rescate, circunstancias internacionales, por lo que la dirección, los trabajadores y las administraciones “tenemos que entender las circunstancias y poner de nuestra parte lo que sea necesario para reflotar de modo definitivo la compañía, tarea en la que estamos inmersos y que, a día de hoy, desgraciadamente, aún no se ha conseguido”. Fernández insistió en que “el trabajo y los esfuerzos son continuos para normalizar la situación de la empresa”, pero añadió que “aún no se ha conseguido sacar al grupo fuera de la zona de peligro”. Daniel Ripa (Podemos) lamentó que “lo único que se ha incrementado es el número de directivos o lo que cobran”.
Las acciones de Duro cayeron ayer en Bolsa el 9,71%.
