«La ITV es uno de los servicios públicos a los que hay que darles reputación en la Comunitat y, por ello, es necesario ver qué modelo es mejor para la sociedad en cada momento. El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, fue contundente a la hora de defender la vuelta de las ITV a la gestión pública: «debe ser tramitado con el máximo rigor y transparencia a partir del 1 de enero». En este sentido, el conseller defendió que «el Botànic ya acordó en su momento este cambio de gestión por motivos reputacionales, ya que todos recordamos el caso Erial». De esta manera, Climent expuso algunas de las mejoras que se pueden llevar a cabo de manera directa y que beneficiarán a la ciudadanía. 

Desde la conselleria se comprometen a una mejora de los sueldos y los derechos de los 1.200 trabajadores de las distintas estaciones valencianas, aunque «sabemos que no será un proceso fácil y tendremos que trabajar en esa homologación y dialogar desde las diferentes partes implicadas». 

Por otra parte, Climent abrió la puerta a una bajada de tarifas y a aplicar bonos sociales o descuentos dirigidos a las personas más desfavorecidas, ya que, como recalcaron algunos de los ponentes, hay personas que no pueden permitirse el gasto de las ITV. El secretario de la Unión de Consumidores, Vicente Inglada, recalcó que «hay un envejecimiento del parque automovilístico y, por ello, hay familias que tendrán problemas para pagar las ITV porque no se pueden cambiar el coche». 

Otra de las medidas que se pueden llevar a cabo para reducir estas tarifas es eliminar la prueba de ruidos, ya que es la única comunidad que lo aplica. No obstante, el presidente de la AECA-ITV, Alejandro Pastor, se opuso a esta rebaja, ya que «se trata de una cuestión medioambiental que se engloba dentro de la directiva europea para controlar los indicadores de ruido y contaminación». «La Comunitat Valenciana es pionera en este aspecto y tendríamos que sentirnos orgullosos y animar a que se aplique en otras comunidades», sentenció Pastor. 

«Nuestro interés es el bien común a diferencia de otros partidos con distintos intereses», remarcó Climent, quien hizo notar que la Generalitat cuenta con unos 30 millones de beneficios anuales que ahora obtienen las empresas para renovar las ITV, mejorarlas, homologar sueldos y poner en marcha entre ocho y diez estaciones nuevas durante los próximos años. Los representantes de los empresarios de ITV indicaron que los beneficios no alcanzan esas cifras. «No es cuestión de lo que ganan las empresas sino de que el servicio cueste lo que ha de costar», dijo Alejandro Pastor, una opinión ratificada por Francisco Llopis, portavoz del sector en Comunitat Valenciana.