Los puertos españoles, entre estos el de València, alertan de la fuga de tráficos de mercancías a otros recintos cercanos al viejo continente, como el de Tánger y otros del norte de África, por el sistema de comercio de derechos de CO2 que impone la Unión Europea (UE). El Consejo de Medio Ambiente ha aprobado esta semana su posición respecto de la propuesta de modificación de la Directiva sobre el mercado europeo de comercio de derechos de emisión de carbono (EU ETS, por sus siglas en inglés), presentada por la Comisión Europea en julio del año pasado e integrada en el llamado paquete ‘Fit for 55’.
La aplicación de esta norma supondrá la extensión del régimen de comercio de dichos derechos de emisión de CO2 para su aplicación progresiva a partir del próximo 1 de enero de 2023 hasta sus plenos efectos en 2026. Para la Cámara de España, la entrada en vigor de la citada normativa «no cumple con los objetivos medioambientales que plantea y restará competitividad a los puertos y las empresas españolas». Así, las autoridades portuarias de Algeciras, Barcelona y València, han expresado recientemente su disconformidad con la nueva normativa, pues consideran que este marco perjudica especialmente a los puertos del sur de Europa.
Propuestas
La Cámara de España ha trabajado en diferentes propuestas de modificación de la Directiva. En primer lugar, ha demandado que la parada de un barco de mercancías en un puerto en un país que no pertenezca al bloque comunitario no implique «poner el contador a cero» en lo que se refiere a las emisiones de CO2, lo que se conoce como «vías de fugas de carbono». Asimismo, y con el objetivo de evitar estos desvíos hacia otros puertos de fuera de la UE, plantean un cambio de tasas más progresivo para las rutas transoceánicas de más de 3.000 kilómetros, extendiendo el esquema general de aplicación del pago por derechos de emisión a estos itinerarios.
