Un total de 36.636 ciudadanos de la Comunitat Valenciana -el 0,7 % de la población- padecen lo que podría calificarse como exclusión financiera severa, dado que el municipio en el que viven no tenía a 31 de diciembre de 2021 oficina bancaria, ni cajero, ni agente, ni oficina de Correos ni oficina móvil. Se trata de 128 de los 542 municipios que componen la autonomía, según el informe que ha presentado hoy el catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y director adjunto del Instituto Valenciano de Investigación Económica (Ivie), Joaquín Maudos, a petición de las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc. Solo un 1,4% de la población española, en torno a 657.500 personas, no tendría ningún punto de acceso a servicios bancarios en su municipio, concentrándose en 3.230 localidades.
Las localidades de la Comunitat Valenciana que no tienen sucursal bancaria se elevan a 270, aunque en ellos solo residen 174.776 personas, es decir el 3,4 % de los 5,05 millones de habitantes de la autonomía. Los afectados por carecer de oficina y cajero automático bajan a 114.274 (218 municipios), mientras que los que no tienen tampoco agente son 66.575 (170 pueblos). Por último, los que carecen asimismo de oficina de Correos son 43.142 (143 localidades).
Maudos ha señalado que el 39,6% de los 3.230 municipios españoles afectados por exclusión financiera tiene menos de 100 habitantes, y solo habría 243 localidades sin punto de acceso que tendrían más de 500 habitantes. Preguntado por el estudio que ha publicado este martes la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia sobre la retirada de efectivo en cajeros automáticos, Maudos ha afirmado que el problema de la exclusión financiera "es complejo" y requiere "una combinación de medidas", aplicándolas asimismo según la situación de cada zona o municipio, según informa Europa Press.
En concreto, ha asegurado que instalar un cajero automático en un municipio de 50 habitantes "es ineficiente e ineficaz" ya que la población puede tener más de 65 años y no estar ya familiarizados o no querer utilizar esa tecnología. "En cambio, quizá en un pueblo grande sí se pueda poner", ha ejemplificado. Así, ha valorado de forma positiva la propuesta de la CNMC de utilizar los comercios para la retirada de efectivo, si bien ha insistido en la importancia de hacer "medidas a la carta".
Accesibilidad
Durante la presentación, la directora general de la AEB, María Abascal, ha explicado que el objetivo del informe es contar con una "foto" sobre la accesibilidad a los servicios en toda España y, con especial atención a las zonas rurales. Además, ha indicado que el sector bancario está trabajando con el Gobierno en un plan con medidas para reforzar la inclusión financiera que se presentará una vez esté finalizado.
Por su parte, el director corporativo de Servicios Asociativos y Recursos de CECA, Antonio Romero, ha afirmado que se trata de un estudio con una "granularidad extraordinaria", a nivel municipal, que permite analizar "todas las dimensiones del problema" y "extraer conclusiones". Ha llamado a utilizar el informe para "adoptar soluciones a continuación" y "empezar a pensar en esas medidas que contribuyan a seguir combatiendo la exclusión financiera" en España.
