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Díaz quiere pactar con la distribución un precio fijo para los alimentos básicos

La vicepresidenta niega que se vaya a hacer como ley después de que Planas avisara de que no es legal imponer un tope al coste de la compra

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Ante la creciente inflación, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, buscará un acuerdo entre las asociaciones de consumidores y las distribuidoras alimentarias para fijar el precio de alimentos básicos. «La alimentación está siendo un enorme problema para nuestro país hoy», dijo la también ministra de Trabajo antes de explicar que su intención es lograr un pacto en torno al precio de 20 o 30 alimentos que compongan una lista de la compra básica, variada y saludable.

Pese a no formar parte de sus competencias, Díaz explicó, primero, en una entrevista a ‘eldiario.es’ y, después, en declaraciones a los medios, que el precio de los productos básicos se encarece mucho desde su venta por parte de los productores hasta su venta final al público. En concreto, señaló que los agricultores venden un kilo de naranjas a 15 céntimos y después los ciudadanos pagan 1,40 euros, lo que supone un incremento del 800%. «Esto está siendo un problema para mucha de la ciudadanía», afirmó.

La solución que buscará la vicepresidenta, junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, es reunir a las asociaciones de consumidoras y a las grandes productoras para que alcancen un acuerdo y fijar el precio de una «cesta de la compra básica».

Díaz ha querido alejar, rápidamente, el fantasma de un posible tope de los precios por ley. La vicepresidenta destacó que se trataría de un acuerdo entre los consumidores y las empresas del sector fomentado por el Gobierno, pero sin que este se entrometa legalmente. En este sentido, aseguró que sería un pacto «absolutamente legal» y «sin vulnerar el derecho de la competencia».

Las palabras de Díaz parecen querer dejar tranquilo al ministro de Alimentación, Luís Planas, que el pasado fin de semana reaccionaba a una propuesta de los morados de fijación de precios avisando de que «desde un punto de vista legal, no es posible, con la Constitución y las normas de la UE en la mano». «Y, por otra parte, tampoco es deseable. [...] No ayudaría ni a los productores, ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena», reafirmó.

La negativa del sector

Con todo, un acuerdo así no parece posible dada la postura actual del sector. «El escenario en el que nos encontramos es complejo, pero no hay eslabones en la cadena que se estén enriqueciendo a costa de nada», aseguró, por ejemplo, el secretario general de Cedac –consejo de empresas distribuidoras de alimentación de Cataluña–, Roger Gaspa, que cree que para los ‘super’ sería mortal subir el precio de los productos de forma arbitraria.

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