El principal escaparate del sector cerámico europeo, la feria Cersaie de Bolonia, tiene como principales participantes a las empresas italianas y españolas. Mientras las compañías españolas comparten estos días su esperanza en un buen ritmo de visitas y contratos con los problemas que acarrea la factura energética, el sector italiano no vive tan asfixiado por los precios del gas. La razón está en que este país cuenta con mecanismos fiscales que reducen este gasto, en algunos casos hasta el 40%.
Ante este panorama expresado por los empresarios del sector, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reclama al Gobierno que adopte medidas semejantes, para que el sector cerámico europeo pueda operar en los mercados internacionales en igualdad de condiciones. «No puede ser que dentro de Europa haya países que tengan más ayudas que otros», expresó, por lo que es necesario «un alineamiento para que no haya competencia desleal; hay que ser conscientes de que cada gobierno tiene que apoyar de manera semejante a los productores de su país». El presidente defendió la necesidad de «hacer un planteamiento para hacer a estas empresas viables, porque este problema del gas no es una cuestión crónica, sino transitoria».
El jefe del Consell justificó esta petición en que la producción de cerámica «es un sector fundamental para la Comunitat Valenciana y España en la balanza de pagos, con unas ventas que representan más de 4.000 millones de euros», que en su gran mayoría se destinan a la exportación. Puig también recordó que esta industria «es el motor económico real de la provincia de Castelló, con 17.000 empleados directos y unos 40.000 indirectos». Ante estos argumentos reclamó «una acción potente por parte del Gobierno».
Ayudas
Puig reconoce que la capacidad financiera de la Generalitat no puede aportar grandes cantidades a un sector que ha visto crecer sus costes energéticos de manera exponencial. Aun así, concretó cómo se aplicarán las ayudas directas que anunció esta semana en el debate de política general. «Vamos a complementar las ayudas del Gobierno hasta los 500.000 euros por empresa», detalló. Si las compañías han recibido un tope de 400.000 euros, la Generalitat puede aportar 100.000 más, porque este es el máximo contemplado por España ante la Unión Europea. «Al margen de esta consideración inicial, vamos a pedir ampliar este margen», si bien depende de la Administración central.
El secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, puso ayer números al impacto que tienen los costes energéticos. Las previsiones son que en 2022 «se alcancen los 2.400 millones de euros de gasto para un sector que factura 5.000 millones de euros, lo que supone que el 50% de los ingresos de las ventas van para la factura energética». Por eso considera que la rentabilidad de las empresas «está amenazada si no hay ayudas de inmediato». En cuanto a los precios del gas, las previsiones apuntan «a que seguirán en niveles altos los dos próximos años y luego seguirá en un entorno volátil» por lo que es necesaria la aplicación de medidas desde las administraciones.
