En un limbo jurídico. Desde este sábado, ahí se quedan alrededor de 500 licencias de vehículos de turismo con conductor (VTC) -más del 70 % del total, según cifran en el sector, afectando directamente a 1.000 puestos de trabajo- que no estarán autorizadas a operar en trayectos urbanos en la Comunitat Valenciana. El motivo es el fin del conocido como 'Decreto Ábalos', el marco normativo impulsado en 2018 por el exministro de Transportes que ofrecía cuatro años de amortización a los dueños de las VTC. En ese espacio de tiempo, los Ejecutivos autonómicos debían legislar definitivamente sobre la materia. Pero en el territorio valenciano el tiempo se ha agotado sin una norma fijada.
Como explica a este diario el presidente de la Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunitat Valenciana (Movea-CV), Ricardo González, en los encuentros llevados a cabo con la Administración se ha hablado "de que va a haber una regulación en breve, pero ahora mismo ni tenemos borrador ni absolutamente nada". Fuentes de la conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, por su parte, rechazan profundizar al respecto, aunque remarcan "que se está trabajando" con las VTC y el sector del taxi para "encontrar una solución que sea optima para todo el mundo".
Entre esas posibles alternativas, además de fijar un marco regulatorio, también se podría aplicar una moratoria temporal para que estas licencias puedan operar provisionalmente en entornos urbanos mientras se busca un pacto definitivo entre los distintos actores. Lo que sí se ha descartado, asegura González, es que se vaya a aplicar una vía similar a la que se ha impulsado en Cataluña que, remarca, "va a expulsar a más de medio sector de las VTC fuera".
"¿Quién hará este servicio ahora?"
La falta de regulación autonómica no expulsa mayoritariamente de los trayectos urbanos a plataformas como Cabify, sino a las VTC tradicionales, las mismas que realizan funciones tan dispares como los transfers de un artista desde el aeropuerto a su hotel, acercar a congresos a empresarios, llevar a cabo los servicios funerarios o, incluso, trasladar a una novia desde su casa a la iglesia. "¿Y quién va a hacer este servicio ahora?" Es lo que se pregunta Isaac Sanchis, responsable de Exclusive Cars & Drivers, compañía nacida en 2008 y una de las muchas donde la falta de normativa tendrá un impacto total.
Aunque en su caso tiene solo diez licencias, una cifra menor a la de otras empresas afectadas, Sanchis asegura que "son 15 familias las que dependen de la empresa", por lo que si solo pueden operar en trayectos interurbanos se está acabando con "el 90 % de nuestros servicios", que engloban recogidas de clientes de un perfil alto en el aeropuerto de València (cerca de donde tiene su base) o la estación del AVE para ir a un concierto o hacer negocios. Con una facturación de cerca de un millón de euros al año, la misma cifra que calcula que se ha invertido entre coches e instalaciones hasta el momento, "ahora nos vamos a ver abocados a cerrar la puerta", concluye.
Cabify reitera su petición a Transportes para que busque una solución: A través de un comunicado, la empresa Cabify aseguró ayer estar "viviendo con indignación cómo se toman decisiones puramente políticas y partidistas en torno a la regulación del sector VTC tanto a nivel nacional como en las algunas regiones donde este sector tiene implantación". Ante el perjuicio, reiteraron su petición al Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, organismo responsable de la movilidad en España, para "que se tomen las medidas oportunas para solucionar este caos al que se ha llegado tras un tortuoso camino que marcó la regulación de 2018, y que hoy está dando sus amargos frutos".
Asimismo, en el texto, la compañía también "lamenta" los problemas que se están sucediendo, recuerda que aquellas licencias que se otorgaron posteriormente al decreto Ábalos seguirán funcionando aún y asegura que "sigue manteniendo la esperanza de que la Administración tome inminentemente las decisiones necesarias para poder continuar ofreciendo alternativas de movilidad sostenible a los ciudadanos de València y Alicante, así como a los turistas de estas ciudades y empresas locales, adaptándose a la normativa correspondiente".
