La Conselleria de Vivienda ha aprobado un registro obligatorio de inmobiliarias para proteger a los consumidores ante posibles estafas en el alquiler y la venta de un inmueble. Las inmobiliarias van a estar obligadas a suscribir sendos seguros de responsabilidad civil y de caución para garantizar los pagos de los clientes. La medida entra en vigor el 16 de octubre y era una reclamación histórica de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana y del Colegio de Agentes de Propiedad (API) de Valencia. Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana acaba de presentar una denuncia ante la Dirección General de Comercio y Consumo contra la gestoría que ofrece bajos para vivir por 385 euros en València por cobrar por adelantado.
La presidenta de Asicval, Nora García, explicó: «Las inmobiliarias no cobramos por adelantado. Trabajamos a éxito. Si no hay venta o alquiler no cobramos». Las inmobiliarias llevan años reclamando el registro obligatorio para evitar el intrusismo y para proteger a los clientes. «Todas las inmobiliarias de Asicval tenemos el seguro de responsabilidad y el de caución. El de caución protege de casos que se han dado en el pasado de intermediarios que desaparecen con el dinero entregado a cuenta por los clientes y el de responsabilidad civil contra las negligencias como por ejemplo vender por error una plaza de garaje cuando es otra», apunta.
Vicente Díez, portavoz de los API de Valencia, insiste en que es esencial el registro obligatorio y sobre todo en un momento como el de ahora en el que muchas personas tienen problemas para encontrar viviendas asequibles. Díez también rechaza que se cobre por adelantado por enseñar pisos.
Unión de Consumidores de la C. Valenciana ha denunciado ante Consumo a la firma Global Management Home (GMH) 2000 SL (que comercializa bajos comerciales para vivir a bajo precio) por sus prácticas de intermediación que ofrecen a personas «con problemas de acceso a una vivienda digna y de calidad». El colectivo apunta que han recibido quejas en las que se deduce que la firma «se limita a facilitar un listado de propietarios». «En las quejas recibidas hay numerosos errores tanto en los datos de contacto como en la disponibilidad de la vivienda, así como en su estado y situación, lo que podría suponer también una infracción en cuanto al servicio prestado», recoge la denuncia a la que ha tenido acceso Levante-EMV. Vicente Inglada, secretario general de Unión de Consumidores CV, apunta que están muy preocupados «con que se haga negocio con la infravivienda».
350 euros
Lucca González, que se presentó como responsable de la gestoría denunciada, explicó que tienen tres ramas de negocio y admitió que en una de ellas cobran 350 euros a los clientes para empezar a trabajar. González insistió en que en su cartera tienen inmuebles muy económicos y que no obligan a nadie a pagar. «Solo presentamos viviendas a nuestros clientes. Para ser clientes tienen que pagar 350 euros», añade. La firma acumula reseñas negativas en Google. «Las reseñas las ven nuestros dos abogados. Como existe libertad de expresión tenemos que aguantar la palabra estafa», asegura.
