El Gobierno ha puesto en marcha un paquete millonario de medidas para bajar la factura de gas de más de tres millones de hogares. Un escudo anticrisis de 3.000 millones de euros que contempla seguir limitando por ley las subidas que se pueden aplicar a los 1,5 millones de clientes de la tarifa regulada de gas durante todo 2023 y también la creación de un nuevo tipo de tarifa que rebajará a la mitad la factura de 1,7 millones de hogares que cuentan con calefacción central en su comunidad de vecinos.

Las compañías del sector del gas respaldan al Gobierno en su pretensión de paliar el impacto de la subida de precios en los consumidores, sobre todo los vulnerables, y valoran positivamente las medidas lanzadas por el contexto de crisis energética, aunque confían en que sean sólo temporales. Y es que las gasistas alertan de que el plan de ayudas del Ejecutivo destinado sólo a las tarifas reguladas puede romper el mercado y amenazar la estabilidad de las compañías que ofrecen tarifas en el mercado libre, así que reclama rebajas de impuestos que ayuden a rebajar la factura de todos los clientes, no sólo de una parte.

La patronal Sedigás -que agrupa a comercializadoras, empresas de redes de transporte y distribución y proveedores del sector- advierte de que las compensaciones diseñadas por el Gobierno pueden desatar una “migración masiva” de clientes hacia las tarifas reguladas, denominadas tarifas de último recurso (TUR) y que ahora van a tener unos precios mucho más bajos que los de mercado gracias a las ayudas. Una fuga de clientes que sacude la “sostenibilidad y la competencia del libre mercado”, “cuestiona el proceso de liberalización emprendido por el sector” hace dos décadas; y “pone en riesgo la propia estabilidad del sistema”.

Las compañías gasistas reconocen la necesidad de adoptar medidas para incrementar la protección a los consumidores por la crisis energética, pero defienden la protección de todos los consumidores frente a la escalada de precios. La industria gasista celebra la rebaja del IVA del recibo del gas del 21 al 5% al menos hasta fin de año, pero piden recortar otros impuestos de su factura como de los que ya se benefician los consumidores de luz.

Las empresas gasistas reclaman una reducción del gravamen del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) hasta el mínimo que permite la Unión Europea. Actualmente en el Impuesto de Hidrocarburos se aplica un tipo al cliente doméstico y a la mayoría de los industriales de 0,65 euros por cada gigajulio (equivalente a 2,34 euros por cada megavatio hora equivalente). La normativa europea establece un mínimo para todos los estados miembros de 0,30 euros por gigajulio (1,08 euros por megavatio hora).

Desde varias de las empresas que ofrecen la tarifa regulada del gas -por ley están obligadas a comercializarla Naturgy, Endesa, Iberdrola y Totalenergies- se admite que han venido registrando en los últimos días un alud de consultas por parte de clientes sobre su salto al negocio regulado y anticipan un cambio de tendencia hacia una contratación multitudinaria de tarifas reguladas tras años con una cartera de clientes menguante que iban a parar a las tarifas del mercado libre. Un “movimiento masivo” que también confirma haber detectado ya la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargado de la supervisión del sector energético.

El número de clientes acogidos a tarifas del mercado libre de gas -cuyo precio fijan las compañías libremente- es muy mayoritario en relación al de clientes del negocio regulado -cuyo precio establece trimestralmente el Gobierno en función de la evolución de los precios internacionales de los hidrocarburos, pero cuyas subidas tienen un tope máximo desde el año pasado-. Con los datos de cierre del año pasado, casi 6,5 millones de clientes tenían contratadas tarifas libres (más del 80% del total) y 1,5 millones seguían con tarifas reguladas.

El Ejecutivo garantiza destinar todo el presupuesto público necesario para tapar el agujero millonario que las nuevas medidas de ayuda provocarán en las cuentas del sistema gasista español, y que puede dispararse por esa fuga masiva de clientes hacia las tarifas reguladas. Según se recoge en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un crédito excepcional por 3.000 millones para cubrir el coste de estas medidas, pero se compromete a que “esta partida se ampliará en la cantidad necesaria para cubrir el déficit real causado” desde ahora y hasta final de 2023.